Visto para sentencia el juicio a Roca por el caso de la desaladora

La Fiscalía Anticorrupción solicita ocho años de prisión para Roca por los delitos de malversación y prevaricación; calificación a la que se adhirieron tanto el Ayuntamiento marbellí como la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, institución que impulsó la desaladora en Marbella en 1995.

El fiscal, en su informe final, aludió a la existencia de una trama para desviar dinero que debía ir a dicha infraestructura, señalando a Roca, al exalcalde Jesús Gil y al que fuera jefe jurídico del Ayuntamiento José Luis Sierra, como los tres actores principales. En este sentido apuntó a «una trama» para «sacar tajada», y que el dinero transferido por la empresa encargada de las obras para la expropiación por parte del Ayuntamiento de los terrenos necesarios para la desaladora no tuviera que ser fiscalizado por el Consistorio. Para ello, indicó, se utilizó la sociedad Planeamiento 2000, de la que Roca era gerente.

Apuntó a «una segunda trama» para, con un contrato de dirección facultativa de las obras, presuntamente «desviar» dinero a sociedades vinculadas con Sierra, también consejero delegado en Mancomunidad y que no ha sido juzgado por enfermedad. Esto se hizo a través de una sociedad de la Mancomunidad, de la que también era gerente Roca.

La acusación pública sostiene que Roca, «el tercer actor principal» de estos actos, «hizo suyos» los 871.446 euros que fueron transferidos para expropiaciones, al tiempo que «favoreció» que otra cantidad fuera a Sierra, a través de sociedades extranjeras interpuestas. Para el fiscal, está acreditado que «Roca sabía perfectamente lo que estaba haciendo, se prestó a ello y obtuvo su beneficio económico», rechazando que simplemente cumpliera órdenes de Gil, como dijo el acusado en su declaración, en la que afirmó que fue «utilizado de forma descarada» por éste y Sierra. Señaló que fueron ellos los que llevaron toda la tramitación y gestión para la desaladora y negó que se quedara con 871.446 euros, y que el dinero para las expropiaciones lo ingresó en cuentas de otra sociedad municipal, como ya se vio en el caso 'Saqueo II'.