El jefe de la Policía Local en la 'era Gil' perderá su condición de funcionario

La Junta de Gobierno Local daba luz verde ayer al inicio de varios trámites, según daba a conocer el portavoz municipal y edil responsable de Seguridad Ciudadana, Javier Porcuna. El primero de ellos, «declarar la extinción de la condición de funcionario de la Policía Local con separación del servicio en aplicación de la referida sentencia condenatoria», recoge el acuerdo aprobado. Ello lleva aparejado «dejar sin efecto el expediente disciplinario abierto con fecha 2006 al citado funcionario en el que se acordaba en su día la suspensión de empleo y sueldo como medida cautelar, dada la existencia de la condena penal del Supremo sobre los mismos hechos, y porque carece de fundamento su continuación». Los siguientes pasos irán encaminados a su baja en la plantilla municipal, la anulación del permiso de armas como Policía Local y «ordenar la devolución de las cantidades percibidas por Del Pozo durante todo el tiempo en el que ha permanecido suspendido cautelarmente de empleo y sueldo». En el importe a devolver a la Entidad local, recoge el informe, «se habrá de incluir las retribuciones percibidas así como los pagos hechos por la Entidad local a la Hacienda estatal y a la Seguridad Social, procediéndose en caso de impago a la utilización de las vías de apremio que establece la normativa vigente».

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Todo ello se llevará a cabo una vez que concluya el expediente abierto y tendrá que darse cuenta a las distintas administraciones competentes en la materia: la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, el Servicio de Recursos Humanos del Ayuntamiento, además de al jefe de la Policía Local, al tesorero y al interventor municipal.

Desde que se le abrió el expediente por parte de la Gestora que tomó las riendas del Ayuntamiento de Marbella tras su disolución en 2006, Rafael Del Pozo ha estado suspendido de sus funciones y cobrando solamente la retribución básica. El exjefe policial había sido condenado en 'Malaya', en primera instancia, a un año y medio de prisión, inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cinco años y multa de 120.000 euros al considerar el tribunal que había recibido dinero de Roca a cambio de mantenerlo al tanto de cualquier investigación de la que fuera objeto, silenciar hechos delictivos de los que tuviera conocimiento y omitir de forma consciente la ejecución de precintos ordenadas por resoluciones judiciales.

Tras los recursos presentados por el exjefe policial, el Supremo admitió parcialmente uno de ellos, que hacía referencia al apartado referente a los precintos de obra, lo que dio lugar a la eliminación de la condena de prisión, la reducción a la mitad de la multa y la limitación a dos años de la pena se inhabilitación. Por el contrario, el Supremo sí consideró probado que Roca entregó al entonces jefe de la Policía Local 60.000 euros sin que conste justificación alguna que pudiera explicar esa entrega. El alto tribunal también consideró que existen pruebas suficientes acerca de que Del Pozo tenía conocimiento de determinadas actividades ilegales que se estaban desarrollando en el Consistorio.

No es el único despido que se tramita en el Ayuntamiento de Marbella. El equipo de gobierno local ha iniciado al mismo tiempo los trámites para el cese de su empleo de Pedro Pérez 'Chotis', que cumple condena de dos años por el caso 'Malaya' y que permanecía hasta hace unos meses en su puesto de trabajo en el área municipal de Deportes. La Junta de Gobierno ha desestimado la petición del exedil del PA y mano derecha del prófugo Carlos Fernández, de una licencia de asuntos propios «sin percibo de sus haberes», es decir, sin sueldo. Entienden desde el Ejecutivo local que así «pretende evitar su despido por inasistencia a su puesto de trabajo al estar en prisión».

Según explica el concejal Javier Porcuna, «se trata de una situación similar a la que ocurrió con Juan Antonio Roca, que por estar en la cárcel no asistía su puesto de trabajo y fue cesado», indicó. El informe sobre el que se basa el rechazo a la solicitud de Pérez recoge que «la petición carece de argumentación o justificación, considerando que dicho trabajador se encuentra actualmente inmerso en un procedimiento disciplinario».