Roca se desvincula de la operación que dio lugar al 'caso Pinillo'

En el juicio que se sigue en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga, y que continuará ya la próxima semana, Roca quiso dejar claro que cuando comenzó esta operación urbanística en 1991 él no tenía relación con el Ayuntamiento, sino que era director del Club Financiero, donde estaba normalmente Gil, del que llegó a ser socio en una veintena de empresas. En este sentido, aseguró que no tenía contactos con los responsables económicos ni conocimientos jurídicos y «no daba ninguna instrucción en el Ayuntamiento, donde había dos personas que mandaban, Jesús Gil, el regidor, y José Luis Sierra, jefe de la asesoría jurídica», del que dijo que era «la figura del alcalde en el Consistorio».

«El Ayuntamiento tenía un alcalde y un jefe de la asesoría jurídica, de todo lo que yo sea responsable pregúnteme que le contesto y además me autoinculpo, pero de esto no», respondió a la cuestión de quién era el responsable de las supuestas ilegalidades en los trámites de la operación, rechazando que se concertara con el también exregidor Julián Muñoz para llevar a cabo maquinaciones.

En cuanto al Ayuntamiento, incidió en que no hay perjuicio en ninguna de las tasaciones de los terrenos para sacarlos a subasta y en que «difícilmente se puede ver perjudicado» cuando, dijo, hay un informe del arquitecto municipal que dice que el Consistorio invirtió 200 millones de las antiguas pesetas y la valoración de lo que se ha quedado valía más de 550 millones de las antiguas pesetas.

Roca considera que los perjudicados son los herederos de la exmujer del propietario, a la que el Ayuntamiento no ha pagado lo que le debe; y un empresario acusado que compró la parcela al final y «no pueden hacer nada», así como la entidad bancaria que dio la financiación. Pese a todo, dijo, «nunca» se presionó al dueño para que vendiera, insistiendo en que fue para «echarle una mano».

El exasesor de Urbanismo negó que hubiera un motivo especulatorio en la compra de ese crédito hipotecario que inicialmente había sobre la parcela, señalando que Gil era «muy mal pagador» a los bancos. También rechazó que se quisiera ocultar la participación del exalcalde y de él mismo en esta operación. «No existía más ánimo que el que el banco no se quedara con la finca».

La Fiscalía Anticorrupción considera que a través de la operación urbanística desarrollada en dicha finca se permitió la enajenación de patrimonio municipal, supuestamente, en beneficio de los acusados, a partir de la expropiación, subasta y posterior transmisión de los terrenos, que en el proceso se revalorizaron, al pasar a ser urbanizable.