Una década entre rejas

Condenado en sentencia firme en cinco procedimientos, su situación penitenciaria dista de ser simple. Normalmente, los condenados en un proceso entran en prisión para cumplir la pena impuesta, y en el caso de quienes acumulan más de una en una misma sentencia saben que el tiempo máximo de prisión será equivalente al triple de la pena máxima. Con cierta precisión pueden saber cuándo podrán acceder al tercer grado, cuándo podrán pedir la libertad provisional y cuándo saldarán sus cuentas con la justicia. Pero Roca no es un preso ordinario. Actualmente cumple prisión por cuatro causas diferentes, y los procesos que tiene por delante impiden conocer cuándo podrá comenzar a pedir beneficios penitenciarios.

Cuando fue detenido hace ahora diez años en el marco de la operación Malaya, el entonces hombre fuerte del Ayuntamiento de Marbella estaba imputado en los casos Saqueo 1 y Saqueo 2, que se cocían a fuego lento en una instrucción eterna en la Audiencia Nacional. Roca fue ingresado como preso preventivo por Malaya y estuvo en esa condición hasta que el 15 de abril de 2008, dos años y dos semanas después de su detención, fue puesto en libertad tras pagar una fianza de un millón de euros. De momento, lo único que está claro es que ese tiempo se le debe imputar a la sentencia de ese macroproceso, la más alta que se le ha impuesto de momento.

Pero el 23 de abril, a petición del Ayuntamiento de Marbella, la Audiencia Nacional revisó su situación de libertad condicional por el caso Saqueo y lo envió de regreso a prisión. Desde entonces se comenzó a computar cada día de cárcel por la sentencia que se le impondría por ese proceso, que fue finalmente de seis años y diez meses.

En el tiempo que ha transcurrido desde entonces, Roca ha sido condenado en sentencia firme en otros cuatro procedimientos, los conocidos como caso Urquía, caso Belmonsa, caso Minutas y el más célebre de todos, el caso Malaya.

El problema es que al tratarse de un multicondenado no está claro, ya que existen diferentes criterios jurídicos al respecto, por cuáles de estas causas está cumpliendo condena y, lo que desde el punto de vista de sus intereses es peor, en qué momento podrá comenzar a pedir beneficios penitenciarios.

Para aclarar esa situación, la defensa del ex hombre fuerte del Ayuntamiento de Marbella ha solicitado en diferentes ocasiones que se proceda a la liquidación de condena por el caso Malaya, el procedimiento por el que le fue impuesta la pena mayor, de modo que sepa a qué atenerse. En ese procedimiento, el Tribunal Supremo le fijó una condena de 17 años de prisión, de los que siete años corresponden a la pena por blanqueo de capitales. Se trata de las más grave de todas las impuestas, por lo que el cálculo de la estancia en prisión debería hacerse sobre esa. La ley establece que debe cumplir como máximo el triple de la pena más grave, es decir 21 años. Sobre esa condena deberían calcularse los posibles beneficios penitenciarios, como los permisos, el acceso al tercer grado y la eventual libertad provisional.

Para Roca, el problema reside en que además de multicondenado es también un reo multiprocesado. El exgerente de Urbanismo tiene pendientes varias causas. Algunas se están juzgando, como el caso Goldfinger o el caso El Pinillo, y tiene también otras en su agenda judicial, como el caso Desaladora y varios asuntos más relacionados con los convenios municipales. En el caso Desaladora la acusación le solicita ocho años de prisión por un presunto delito de malversación. En el supuesto caso de que fuera condenado a esa pena, su situación se agravaría ya que la condena mayor superaría los siete años que le fueron impuestos por el blanqueo en el caso Malaya. Se trata de casos, sin embargo, que su defensa ha considerado en diferentes ocasiones que pueden incurrir en duplicidad, ya que algunos aspectos de los mismos fueron tomados en cuenta durante el proceso del caso Saqueo y de Saqueo 2, por los que ya fue condenado. La complejidad de los asuntos y la redacción de algunas sentencias tampoco ayudan en este caso a Roca.

Así, el exgerente de Urbanismo se encuentra atrapado en un laberinto judicial del que le resulta difícil salir. Para la administración penitenciaria se trata de un preso con causas pendientes, por lo que no existe una condena definitiva a partir de la cual hacer los cálculos para determinar en qué momento puede acceder a beneficios que le permitan salir aunque sea con permisos. Sin embargo, la naturaleza de las causas pueden llevar a que cuando llegue el momento haya pasado en prisión sin beneficios más tiempo del que hubiese debido. De momento, el horizonte que se le presenta es el de una rutina carcelaria que sólo podrá saltarse cuando sea llevado al banquillo para dar cuenta de las causas que aún le quedan pendientes.