El 'caso Pinillo' sienta de nuevo en el banquillo a Roca y a Julián Muñoz

Anticorrupción acusa al exalcalde de Marbella, al cerebro del caso Malaya y exgerente de Planeamiento 2000, a exediles del Grupo Independiente Liberal (GIL), a exfuncionarios municipales y a empresarios por la operación urbanística desarrollada en dicha finca, con la que se permitió la enajenación de patrimonio municipal, supuestamente, en beneficio de los acusados.

Así, en el escrito de conclusiones provisionales, se acusa en general por los delitos de prevaricación, negociación prohibida, alteración de subasta pública, alteración de precios, fraude, estafa, cohecho, contra la ordenación del territorio y falsedad. Además de Julián Muñoz, hay otros ocho exediles, algunos de los cuales tendrán que ser trasladados de prisión donde cumplen condena por el caso Malaya.

A Juan Antonio Roca se le acusa de los delitos de cohecho por el que, además de prisión se le solicitan seis millones de euros de multa, estafa, fraude, maquinaciones para alterar el precio del bien inmueble, alteración de subasta, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación administrativa. La acusación pública pide en sus conclusiones iniciales 15 años de cárcel para el exasesor.

En lo que respecta a Muñoz, se le acusa de los delitos de prevaricación administrativa con carácter continuado, alteración de subasta pública, maquinaciones para alterar el precio del bien inmueble finalmente adjudicado, fraude, estafa y prevaricación como miembro de un órgano colegiado. Por esto, el ministerio fiscal solicita inicialmente una pena de 11 años de prisión.

La acusación pública sostiene inicialmente que desde que llegó el grupo GIL al poder en Marbella «los acusados Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, de forma concertada y con propósito de enriquecimiento injusto, gestionaron el patrimonio municipal en su propio beneficio y lucro personal o en el de terceros».

En este caso, la acusación señala que Roca promovió «la enajenación directa de bienes municipales y aprovechamientos urbanísticos creados con base en la revisión del PGOU, utilizando la figura de la dación en pago de deudas que había promovido previamente, mediante el otorgamiento de escrituras públicas con promotores previamente concertados». Asimismo, el ministerio público decía en su escrito que Muñoz «tuteló desde su destino como regidor suplente, firmando los decretos necesarios a tal fin».

Inicialmente, se llevó a cabo un proceso de expropiación de la finca, que estaba gravada con un crédito hipotecario, para su integración en el Patrimonio Municipal de Suelo, con vistas a hacer un proyecto urbanístico, que entonces no se concretó, pero que luego se refería a un palacio de congresos, se explica. No obstante, cuando tuvieron el título de inscripción, la actuación municipal, decía el fiscal, estuvo «lejos de promover la utilidad pública». Tras toda la operación, el ministerio público alude a una infravaloración de los terrenos que cifra en un total de 6,7 millones de euros.