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Nieves Castro
Miércoles, 3 de febrero 2016, 00:31
El futuro de las viviendas irregulares de Marbella es hoy un poco menos incierto. El Plan General que se redacte dará amparo a estas construcciones, según avanzó ayer el alcalde José Bernal en consonancia con lo recogido en la sentencia del Tribunal Supremo, cuyo espíritu subraya que los planes pueden exigir las dotaciones que sean necesarias, pero que no son instrumentos para saldar cuentas en sustitución de la justicia ordinaria. En el plano político, el Ayuntamiento de Marbella no quiere perder ni un minuto para salir del atolladero urbanístico en el que se encuentra desde que el pasado mes de octubre se anulara el Plan General de 2010, y que no sólo afecta a las 16.000 viviendas fuera de ordenación, sino al desarrollo de todo el modelo de ciudad. Un acicate suficiente para que el Consistorio se plantee las acciones a desarrollar en dos direcciones: por un lado, trabajará con carácter inmediato en la adecuación del PGOU de 1986 a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) como fórmula transitoria para garantizar la estabilidad del municipio y por otro, iniciará en paralelo los trámites para contar con un nuevo Plan General.
El alcalde concretó que en el próximo pleno ordinario que se celebrará a finales de mes se llevará la propuesta para iniciar la revisión del planeamiento en vigor de 1986. Es decir, la propuesta para la elaboración de un nuevo Plan General, donde se incluirá la solicitud de la redacción del pliego de licitación del próximo equipo redactor. Dicha licitación cuenta con una dotación presupuestaria de carácter plurianual que se sitúa en torno a los 2 millones de euros.
Respecto a la situación de las viviendas irregulares, que pretendía normalizar el plan anulado, Bernal matizó que con la adaptación a la LOUA las viviendas siguen estando fuera de ordenación, pero «que se ordenarán con el próximo Plan General». Asimismo, las áreas que se normalizaron con el Plan de 2010 quedan regularizadas al entenderse que lo hicieron mediante un acto administrativo firme, según indicó la concejala de Urbanismo, Isabel Pérez.
La edil estuvo presente en la reunión celebrada ayer tarde en el Ayuntamiento de Marbella para abordar la situación y a la que asistieron además del alcalde y el consejero de Ordenación del Territorio, el secretario general de dicha consejería, Rafael Márquez, el delegado del Gobierno en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, el delegado provincial de Ordenación del Territorio, Adolfo Moreno, técnicos del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, además de otros miembros del equipo de gobierno.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, que compareció junto al regidor marbellí, explicó que con seguridad el municipio no contará con nuevo PGOU hasta dentro de dos o tres años, pero que, mientras tanto, la adecuación del Plan General del 86 a la LOUA otorgará seguridad a los inversores y a los ciudadanos. Fiscal destacó que esta solución transitoria tomada por el Ayuntamiento de Marbella y compartida por la Junta de Andalucía es la que «menos obstaculiza el desarrollo y los eventuales proyectos que puedan llegar a Marbella». El consejero destacó la «flexibilidad» que da esta opción, que permite llevar a cabo modificaciones estructurales del propio Plan General para adaptarlo a la realidad del mercado.
Compromiso de la Junta
La Junta de Gobierno Local que se celebrará la semana que viene dará luz verde a la contratación mediante concurso público del personal externo necesario para iniciar la adaptación del Plan del 86 a la normativa andaluza. En total, cuatro expertos que se incorporarán al área de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella con el objetivo de que la adecuación entre en vigor en el plazo de un año.
Pérez matizó que mientras se trabaja en la adaptación a la LOUA las licencias se seguirán otorgando en base al Plan General de 1986. «Nosotros tenemos en vigor un PGOU, que no olvidemos que estuvo funcionando hasta el año 2010. Por lo tanto, Marbella no es una ciudad sin Plan. Tiene el de 1986, lo que otorga unas garantías suficientes para poder mantener la ordenación normal del urbanismo en la ciudad», afirmó Bernal.
Fiscal, por su parte, destacó la importancia de que «se comience a trabajar ya» en la redacción de un nuevo PGOU. «Si bien es cierto que Marbella cuenta con un Plan, que además se va a ajustar a la LOUA para ser más efectivo, no se puede olvidar que se trata de una norma de hace 30 años», dijo el consejero. En este sentido, Fiscal comprometió la máxima colaboración con el Ayuntamiento para facilitar la andadura que ahora se inicia, de modo que Marbella cuente con un nuevo planeamiento lo antes posible. «La revocación del PGOU de 2010 debe tomarse como una oportunidad para dotar a Marbella de un Plan ajustado a los nuevos tiempos, alejado del modelo de crecimiento de los años 80 y que sirva de referencia para el resto de Andalucía, especialmente a la costa y a los municipios con vocación turística como este», señaló Fiscal.
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