La exedil de Marbella Isabel García Marcos pide suspender su ingreso en prisión por 'Malaya'

La representación de la exsocialista, que tiene un plazo de 10 días para entrar en prisión, insta a la Sección Primera de la Audiencia de Málaga a que se suspenda la ejecución de esa pena hasta que el Constitucional resuelva sobre la admisión a trámite del recurso de amparo, interpuesto el 8 de enero, o, al menos, hasta que se pronuncie sobre la suspensión solicitada en dicho órgano.

Así, la defensa de la exedil ha remitido a la Sala un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se alude a que algunas de las cuestiones planteadas en el recurso de amparo pudieran ser estimadas, al considerar que el Supremo agravó las penas de prisión "con una más que discutible argumentación que podría lesionar" varios derechos fundamentales.

Si esto fuera así, "de ejecutarse ya la sentencia, sin saber si va a ser admitido a trámite el recurso, haría perder al amparo su finalidad", se indica, por lo que se solicita un aplazamiento de la ejecución "unos tres meses aproximadamente", más cuando no existe riesgo de fuga y, además, se trata de un procedimiento que "se ha dilatado durante más de 11 años".

Asimismo, se alude a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha admitido la posibilidad de suspender la ejecución de las penas para evitar un perjuicio en tanto se tramita el amparo en aquellas condenas de duración hasta cinco años, por lo que la pena impuesta a la exedil se encuentra por debajo de ese umbral.

García Marcos fue condenada por un delito continuado de cohecho a tres años y medio de prisión, multa de 700.000 euros e inhabilitación para empleo o cargo público electo durante siete años y medio. Al tener una pena de más de dos años de cárcel, la Sección Primera de la Audiencia ordenó esta semana en su auto de ejecución de sentencia que ingresara en prisión en el plazo de 10 días.

Respecto a la pena de inhabilitación, desde la Junta de Andalucía se dictó una resolución por la que García Marcos perdería su condición de funcionaria, pero no se llegó a comunicar en forma a ella, por lo que no ha tenido incidencia y sigue conservando su puesto como inspectora por oposición, según ha precisado su abogado Juan Carlos Villalba.

De hecho, ha indicado que el propio auto de inicio de ejecución de la sentencia del caso 'Malaya' recuerda, como hizo el Tribunal Supremo, que la inhabilitación acordada para los exconcejales es para empleo o cargo publico electo y que se limita al ámbito local como alcalde, teniente de alcalde, concejal u otro puesto electivo que implique participar en un gobierno municipal.