La Audiencia notificará la semana que viene las órdenes de prisión del ‘caso Malaya’
El tribunal prevé remitir el lunes a los condenados un auto donde se les dará un plazo para entrar en la cárcel y se les requerirá el pago de la multa y la responsabilidad civil
Juan Cano
Miércoles, 6 de enero 2016, 00:31
Diez años, 200.000 folios de sumario y 199 sesiones de juicio después, el caso Malaya, la operación contra la mayor trama de corrupción destapada ... en España, llega a su recta final. La semana que viene comenzará la cuenta atrás para el ingreso en prisión de los condenados en el macroproceso contra el saqueo urbanístico de Marbella.
Según ha podido saber SUR, la Sección Primera de la Audiencia Provincial, el tribunal que enjuició la causa, declarará firme la sentencia y procederá a la ejecución de la misma. Fuentes judiciales confirmaron ayer que la fecha prevista es «el 11 o, como muy tarde, el 12 de enero».
Ese día, la sala notificará a los condenados un auto requiriendo el pago de las multas y responsabilidades civiles, e informándoles del plazo suele ser de 10 días para que ingresen en el centro penitenciario que elijan, y que deberán comunicar previamente al tribunal malagueño.
Mientras se agota ese plazo, muchos de los condenados librarán otra batalla judicial contra reloj en la que ya no se discuten los hechos, sino la posibilidad de evitar el presidio. Y ahí cada caso es un mundo. La frontera, a priori, la marcan los dos años de cárcel. Sólo los que tengan una condena inferior podrán solicitar la suspensión de la pena.
Requisitos para evitar la cárcel
En el grupo de los que se pueden librar de la prisión están 20 de los 48 condenados a los que se les han impuesto penas iguales o inferiores a dos años o incluso, en algún caso, sólo una multa, como le ocurre al empresario cordobés Rafael Gómez, alias Sandokán. No obstante, aparte de una condena inferior a dos años, tendrán que cumplir otros dos requisitos para acceder a la remisión condicional: carecer de antecedentes penales y reparar el daño (responsabilidad civil) o mostrar la intención de hacerlo (pagándola a plazos).
En cualquier caso, la posibilidad de suspenderles la pena y evitar con ello su ingreso en prisión sigue siendo la discrecionalidad no ha cambiado tras la última reforma del Código Penal una facultad del juez o el tribunal sentenciador, que tendrá que resolver las peticiones de todos aquellos que cumplan los requisitos, previa consulta al Ministerio Fiscal. El ejemplo más claro es el de Isabel Pantoja, Benjamín Martínez o Fernando de Salinas, condenados en una pieza separada del caso Malaya que enjuició la Sección Segunda de la Audiencia Provincial. Tanto la cantante como los otros dos procesados, ambos relacionados con el mundo de la banca, cumplían los requisitos para haber accedido a la remisión condicional. Sin embargo, a todos se les denegó la suspensión de la pena y acabaron ingresando en prisión.
El resto, los otros 28 condenados en Malaya con penas superiores a dos años, tienen muchas posibilidades de dar con sus huesos en la cárcel. No obstante, también podrían quemar un último cartucho y pedir la suspensión de la pena mientras se les tramita un hipotético indulto, que algunos de ellos ya han solicitado al Ministerio de Justicia, aunque fuentes judiciales consideraron muy poco probable su concesión ante un caso de corrupción de estas características.
Dos de esos 28 condenados ya están entre rejas. Juan Antonio Roca permanece en la cárcel desde hace casi una década. Desde entonces ha acumulado nuevas condenas firmes por los casos Saqueo I y Minutas, a las que ahora se sumará Malaya, donde el Supremo ha elevado la pena para él de 11 a 17 años. El otro es Julián Muñoz, que lleva en Alhaurín de la Torre desde 2013 antes ya estuvo otros cinco años, cuando se dictó la sentencia del conocido como caso Pantoja. También sigue sumando sentencias, que ha dejado de recurrir (incluida Malaya, donde fue condenado a dos años), y sólo pelea el tercer grado por razones humanitarias.
De este modo, entre los que podrían entrar en la cárcel de forma inminente están la exalcaldesa Marisol Yagüe y los concejales Tomás Reñones y José Luis Fernández Garrosa, todos ellos condenados a cinco años y medio; Rafael González y Pedro Román (cuatro y medio); o la exprimer teniente de alcalde, Isabel García Marcos, y los ediles Carmen Revilla, Pedro Pérez, Vicente Manciles y Rafael Calleja y José Jaén (tres años y medio). También lo harían los testaferros de Roca condenados y algunos de los empresarios, como Andrés Liétor y Carlos Sánchez (cuatro años y cuatro meses), o José Ávila Rojas y Massimo Filipa (tres años y medio).
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión