Abogados y arquitectos defienden la autonomía local para definir los pasos hacia el nuevo PGOU

Participantes en la jornada celebrada ayer en el Palacio de Congresos. /
Participantes en la jornada celebrada ayer en el Palacio de Congresos.

La Fundación Fydu reúne a profesionales relacionados con el urbanismo que abogan por una adaptación parcial del plan general a la LOUA

MÓNICA PÉREZMarbella

Una mayor autonomía para la administración local a la hora de diseñar las acciones que deben desarrollarse para buscar, cuando antes, una salida a la paralización del urbanismo en Marbella tras la anulación del PGOU de 2010 por el Tribunal Supremo. Es la petición mayoritaria que hicieron en la tarde de ayer los arquitectos y abogados urbanistas reunidos en una jornada organizada por la Fundación Fydu en la que se analizaron las consecuencias prácticas de la anulación del plan urbanístico, así como las alternativas para el futuro urbanístico de la ciudad.

Ante un masivo auditorio -lo que denota el interés que existe en la ciudad sobre este tipo de encuentros- los ponentes fueron repasando sus propuestas de las que se extrajeron varias conclusiones. De un lado, que el Ayuntamiento de Marbella debe tener autonomía para gestionar las medidas que se adopten. De otro, que la solución que conlleva una mayor «agilidad» para devolver la seguridad jurídica al urbanismo en el municipio es la adaptación parcial del plan de urbanismo local a la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía (LOUA), frente a la segunda de las posibilidades que se barajan a nivel administrativo que pasa por la redacción de unas normas sustantivas. En este sentido, profesionales como Francisco Carrera, del servicio de asesoramiento del Colegio de Arquitectos de Málaga, defendió que además de ser la vía más rápida «permite hacer ajustes al planeamiento mediante innovaciones».

En el caso de la adaptación parcial del planeamiento de la LOUA, defendieron, sería la Administración local la que tendría mayor margen de maniobra. En el caso de la normas sustantivas, elaboradas por la Junta de Andalucía, tendrían una vigencia de dos años hasta que se redacte un nuevo planeamiento. «¿Pero qué ocurre si pasados esos dos años el plan no está hecho?», planteaba el abogado urbanista, Juan Ramón Fernández-Canivell, quien además invitó a hacer una reflexión acerca de las posibles reclamaciones que puedan llegar a las administraciones derivadas del daño antijurídico que pueden sufrir los inversores.

El abogado Alejandro Criado presidió una mesa en la que se realizó un completo repaso por el contenido de las sentencias, análisis que corrió a cargo del abogado Jose Manuel Merelo. El encuentro en el que participaron igualmente el abogado Gonzalo García Weil y el arquitecto Jose María Morente del Monte, invito a hacer una reflexión sobre la «necesidad de renovar» los instrumentos urbanísticos con los que se trabaja a día de hoy y que fueron creados para definir el ensanche de las ciudades de los dos últimos siglos.