El debate sobre el PGOU de Marbella se traslada al Parlamento Andaluz

El debate desatado tras la anulación del PGOU de Marbella por el Tribunal Supremo se trasladó ayer al Parlamento Andaluz, donde el Consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, respondió en el pleno a una pregunta formulada por el parlamentario de IU, José Antonio Castro, sobre las medidas que se están adoptando para evitar que el municipio quede paralizado. Fiscal apuntó que la sentencia del Supremo es una «oportunidad» para ajustar el planeamiento «más y mejor» a la realidad de hoy, «que no es la de hace nueve años». No puso fecha para tener sobre la mesa la herramienta transitoria que dé seguridad jurídica a propietarios e inversores mientras se redacta el nuevo plan y en la que la Junta y el Ayuntamiento de Marbella «están trabajando intensamente». En este sentido apuntó que «queda algún tiempo» para que su departamento pueda elevar una valoración detallada y completa sobre el asunto, dado que se encuentra en fase de análisis un tema «complejo» que se pretende abordar «con la máxima celeridad».

José Antonio Castro, por su parte, incidió en los «problemas de seguridad jurídica» que para el municipio podría suponer la actual situación, sin que se sepa qué puede ocurrir con lo ya construido, lo que está en fase de construcción y las actuaciones urbanísticas en ejecución.

Desde las filas del PP, la portavoz de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el Parlamento Andaluz, Patricia Navarro, pedía ayer a la Junta «valentía y diligencia» para que la ciudad no se pare. Por ello, instó al Gobierno andaluz a que elabore un calendario de actuación y resaltó que «esta inseguridad jurídica genera incertidumbre y la paralización de proyectos por valor de 200 millones de euros para el Ayuntamiento a través de licencias que ya estaban comprometidas».