El fiscal del Supremo pide que se reduzca la condena de 'Malaya' a cuatro exconcejales

El Ministerio Fiscal ha reconocido un error deslizado en la sentencia dictada por el Supremo el pasado 29 de julio, en la que los 14 exediles que habían sido condenados a dos años de prisión tras ser encontrados culpables de recibir sobornos por actos no realizados vieron aumentada su condena a tres años y medio al considerar el Alto Tribunal, en consonancia con el criterio del propio fiscal, que los sobornos fueron en contraprestación a actos injustos realizados.

Pena superior

La sentencia dictada en 2013 por la Audiencia Provincial de Málaga fue recurrida en ese sentido por el Ministerio Público, quien en el caso de estos cuatro ediles solicitó en su recurso una pena superior a lo que había pedido en sus conclusiones durante el juicio oral, lo que violaba el principio de 'reformato in peius' (reformar a peor), previsto en la Constitución como garantía procesal. Posteriormente, el Supremo hizo suyo el criterio del fiscal y aumentó las penas de dos años a tres años y medio.

Esta circunstancia fue advertida por la defensa de Jorrín, ejercida por el letrado Javier Muriel, quien presentó un pedido de aclaración que ahora ha sido respaldado por el propio fiscal, según un escrito dirigido al Supremo y al que ha tenido acceso este periódico.

Ya en la vista celebrada en el Supremo en julio del año pasado, el Ministerio Fiscal había reconocido su error, aunque ello no fue recogido en la sentencia dictada posteriormente, en la que se aumentaba la pena a los ediles y que ahora se corrige.

Rectificación

Así queda recogido en el escrito ahora conocido, presentado el pasado lunes ante el Tribunal Supremo en el que el Ministerio Público fija su posición ante los pedidos de aclaración formulados por nueve de los condenados. El Ministerio Público recuerda que en la vista del recurso de casación, el propio fiscal instó a la rectificación del error cometido y ajustar la pretensión punitiva a la formulada durante el juicio oral.

La aplicación del mismo principio de 'reformato in peius' puede favorecer a otro de los condenados, el empresario Máximo Filippa, con la reducción del importe de una multa que debía abonar por un delito continuado de blanqueo. Filippa fue encontrado culpable de blanquear dos millones de euros, y sin embargo el Supremo lo condenó al pago de 2.313.243 euros. Ahora, el fiscal admite que la multa que corresponde es la de dos millones de euros.

El Ministerio Público también da la razón a Giovanni Piero Montaldo, cuya condena se reduce de ocho a seis mese de prisión. En sentido contrario, el fiscal del Supremo rechaza sendos pedidos de aclaración formulados por Carlos Sánchez y Juan Hoffmann.