El fiscal acusa al dueño de La Cañada de haber obtenido los terrenos tras sobornar a Roca

La Fiscalía pide 24 años de prisión para el primero, 18 para el segundo y la misma condena para el exalcalde. También solicita penas de cárcel para el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes, el empresario José María Enríquez, dos abogados de Roca ya condenados en Malaya como testaferros y para siete exconcejales. En total, las penas de prisión solicitadas suman 110 años. Asimismo, reclama el pago de responsabilidades civiles en favor del Ayuntamiento de Marbella que suman 50 millones de euros por siete convenios perjudiciales para la ciudad. En todos ellos aparece Tomás Olivo como responsable directo, aunque en algunos esta responsabilidad es compartida alternativamente con Roca, Muñoz y Enríquez.

La operación que dio lugar a la construcción de La Cañada, según sostiene el escrito del fiscal al que ha tenido acceso este periódico, se inició con una operación montada el 5 de mayo de 1994, por la que Olivo «compra la voluntad de los mandatarios y dirigentes municipales a cambio de grandes beneficios para todos, y su continuación con la celebración de numerosos convenios y contratos con el Ayuntamiento de Marbella a través de sus sociedades municipales».

El soborno, según el fiscal, se pagó mediante un ardid consistente en un contrato de compra ficticio que Tomás Olivo celebró con la sociedad Roadhouse España SA, por el que pagó 270 millones de pesetas de la época (1,62 millones de euros) por una opción de adquisición de unos terrenos baldíos y de escasísimo valor en la localidad murciana de Mazarrón, que luego no se ejecutó, y «sencillamente dejando transcurrir el tiempo o plazo de opción, y en consecuencia perdiendo aparentemente el dinero entregado».

Esta operación ruinosa, sostiene el escrito, era en realidad una pantalla para encubrir el soborno. Era inaudito, en opinión del Ministerio Público, «que cualquier persona o empresario, y mucho menos un empresario de la experiencia y rigor de Tomás Olivo, realizara una operación tan costosa como absurda y descabellada». De esa manera, tras descontarse los impuestos y la comisión se hizo llegar a Roca (dueño de Roadhouse) 145,5 millones de pesetas (870.000 euros).

Una vez concretado el pago, según el fiscal, se fue fraguando durante años la operación urbanística que se consumó en sendas escrituras firmadas en abril de 1996 y en agosto de 2000. En concreto, el fiscal se refiere a tres convenios firmados entre Olivo y el Ayuntamiento. El primero, de mayo de 1994, fue para ceder a una sociedad del empresario una superficie de casi 120.000 metros cuadrados que el Ayuntamiento había permutado, comprado o expropiado a sus propietarios. En este suelo fue donde se construiría el centro comercial. Paralelamente, mediante los otros dos convenios se contrataron obras con la constructora Emasa, propiedad del Olivo, cuyo pago se establecería posteriormente mediante la entrega de solares y aprovechamientos urbanísticos. En estos convenios, según el fiscal, se legitimaría posteriormente la entrega del citado suelo.

El fiscal cita en su escrito un informe del Consejo Consultivo de Andalucía que sostiene que estos acuerdos, y otros firmados posteriormente, no pueden ser considerados contratos de permuta o convenios, ya que lo que se hace es ceder por el Ayuntamiento unos suelos a la mercantil, «para que pueda construir un centro comercial, lisa y llanamente; y eso es así porque lo que se contempla como contrapartida de la permuta no es tal, dado que no puede tener semejante consideración la realización de las obras de urbanización necesarias para la obtención de la licencia de construcción del mencionado centro comercial». Es decir, según el fiscal, que la empresa de Olivo realiza las obras de urbanización en el suelo cedido, y como compensación a esas obras se le cede el mismo suelo para que levante el centro comercial.

Según el escrito, el empresario adquirió los terrenos de La Cañada a cambio de sus propias obras de urbanización y de una teórica contraprestación dineraria que no llegó a satisfacer, salvo 80 millones de pesetas (482.000 euros) entregados en metálico.

Esta operación, según el fiscal que la califica de «depredatoria» , tuvo en consecuencia distintos frentes: la confusión, invención o sobrevaloración del coste de las obras encargadas a la constructora de Olivo; la infravaloración de los aprovechamientos y bienes municipales con que el Ayuntamiento pagaría las obras, y la «feroz especulación» para poner en el mercado esos bienes.