Sobreseen al concejal de Urbanismo de Marbella de dos de los tres delitos que le imputaban

El caso Funky Buddha, por el que está imputado el concejal de Urbanismo de Marbella, Pablo Moro, por un supuesto trato de favor a una empresa que montó un club de playa el verano pasado, pierde fuelle. El juez que instruye la causa ha retirado dos de las tres imputaciones que pesaban sobre el edil las referidas a un posible cohecho y a la comisión de un delito urbanístico¬-, aunque ha mantenido la tercera imputación, referente a una presunta prevaricación por omisión por, al parecer, retrasar la imposición de sanciones por obras que se estaban haciendo en el establecimiento sin contar con licencia.

En un auto firmado el pasado jueves y al que ha tenido acceso este periódico, el instructor considera que no existe indicio objetivo que permita inducir que la conducta omisiva del concejal tuviera lugar a cambio de cualquier tipo de conraprestación, por lo que sobresee la causa por cohecho objeto de la denuncia, presentada por el representante legal del grupo municipal socialista, que dio origen al caso. No hay, según el juez, indicio que apunte al ofrecimiento de dádiva o promesa por parte de la empresa en beneficio del concejal.

El juez también considera que no ha habido delito contra la ordenación del territorio, ya que de las obras realizadas en el establecimiento de playa ninguna se ejecutó en la zona de dominio público marítimo terrestre aparte de la demolición de unas pérgolas para las que la sociedad sí tenía concedida una licencia de obra menor. Al considerar que no ha existido este delito, se sobresee tanto al concejal de Urbanismo como a los dos representantes de la empresa a los que también se había imputado, aunque contra uno de ellos se deduce testimonio por una presunta desobediencia grave.

El juez sí mantiene la acusación por prevaricación omisiva, al considerar que Moro no firmó borradores de decretos que le iban pasando desde los servicios municipales de disciplina urbanística en los que ordenaba la paralización de las obras y se incoaban procedimientos sancionadores