La Audiencia mantiene el embargo de 3,6 millones sobre dos fincas de Pantoja

Algunas de las propiedades inmobiliarias de la tonadillera llevan trabadas desde octubre del año 2010, cuando ésta designó una serie de bienes concretamente la finca Cantora, en Cádiz, y el madrileño chalé de La Moraleja para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 3.680.000 euros que le impuso el juez de instrucción de Marbella.

El pasado mes de octubre, los abogados de la artista pidieron a la Audiencia malagueña que librara un mandamiento a los registros de la propiedad correspondientes para que se levantara ese embargo y se dictara uno nuevo por la suma de 1.147.148 euros de la multa a la que fue condenada Pantoja por blanquear dinero de su expareja Julián Muñoz.

Pago fraccionado

Paralelamente, la cantante solicitó la suspensión de la pena de dos años de cárcel impuesta en la sentencia que actualmente está cumpliendo en la prisión sevillana de Alcalá de Guadaíra y efectuó una transferencia por valor de 100.000 euros a la cuenta del juzgado. En ese mismo trámite, pidió el pago fraccionado del resto de la multa en cinco cuotas trimestrales de 210.000 euros cada una. Semanas más tarde, Pantoja realizaría una transferencia de 47.148 euros, por lo que le queda por abonar un millón para saldar esta sanción.

El tribunal aceptó la petición del pago aplazado las cuotas serían ahora de 200.000 euros pero no ha tocado de momento el embargo preventivo de 3,6 millones, lo que dificulta las posibilidades de la cantante a la hora de vender sus propiedades para saldar la multa. No obstante, los embargos se tienen que renovar el próximo mes de enero, por lo que es previsible que se vuelva a estudiar el caso. Entonces se decidirá si es conveniente limitarlo al millón de euros, según explicaron fuentes judiciales.

Otro embargo

El panorama se complicó aún más para la cantante desde finales del pasado verano, cuando la Agencia Tributaria ordenó el embargo provisional del patrimonio de Isabel Pantoja por una posible deuda que aún está en investigación que ascendería a 1.800.000 euros. Según ha podido saber SUR, un equipo de asesores fiscales contratados por la tonadillera está intentando llegar a un acuerdo con Hacienda para que trabe sólo una de las propiedades y libere el resto, de manera que pueda vender alguna.

Los abogados de la cantante buscan actualmente liberar las cargas que pesan sobre sus propiedades para poder vender alguna de ellas o acceder al menos a un crédito con el fin de saldar la deuda que tiene pendiente con la Justicia.