El Consistorio descarta la construcción del helipuerto en El Pinillo tras el conflicto judicial abierto por el suelo

El pasado mes de mazo la Secretaría de Estado de Medio Ambiente emitía su evaluación favorable de impacto ambiental del proyecto promovido por el Ayuntamiento de Marbella para construir un helipuerto provisional en una parcela municipal que colinda con la playa de El Pinillo. El dictamen, publicado en el BOE, se emitía tras estudiarse un buen puñado de informes realizados por diferentes organismos y administraciones como la Junta de Andalucía: Bienes Culturales, Medio Natural, Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, Gestión del Dominio Público Hidráulico, Dirección de Calidad Ambiental, Cultura, Agencia de Medio Ambiente y Consejería de Fomento y Vivienda. Además de la Diputación Provincial y ecologistas. Con todo ello, el Ministerio de Medio Ambiente concluía: «no hay objeción a la instalación del helipuerto según la última redacción del proyecto presentada en julio de 2013». Asimismo recalcaba que en ese proyecto último «se indican una serie de medidas protectoras de la fauna, vegetación y, especialmente, ámbito de playas».

Pese a los avances, y solo pendiente del permiso de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), el proyecto queda descartado, al menos de momento. Muñoz ha asegurado que se han encargado los informes técnicos pertinentes «que nos permitan llevar ahí cualquier equipamiento porque recordemos que se trata de un equipamiento municipal, al igual que el proyecto del helipuerto era municipal».

Querella

Lo cierto es que el suelo en el que estaba previsto el helipuerto es actualmente objeto de un procedimiento judicial en el que está implicada la propia alcaldesa tras la querella presentada por un empresario libanés que reclama al Consistorio 20 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por la rescisión de la concesión que sobre el uso de los terrenos mantenía desde la etapa del gobierno del GIL.

El equipo de gobierno ha venido defendiendo que la rescisión se produjo porque «no se ajusta a derecho, ni a la legalidad del Plan General del Ordenación Urbana de 1986, ni al actual» y con ello se pretendía defender el interés público de ese suelo. La alcaldesa explicó que en su momento al querellante «se le dio una concesión administrativa en primera línea de playa para construir uso hotelero, residencial, comercial, pero todo absolutamente ilegal», por eso, cuando el PP llegó al Consistorio rescindió la concesión al no haberse cumplido las condiciones, con un informe favorable del área de Patrimonio y del área Jurídica.