Francisco de la Torre lleva por urgencia una iniciativa ante el grave riesgo de colapso eléctrico de Málaga
Los populares presentan una moción que exige al Gobierno que cambie la ley para evitar límites a la inversión en infraestructuras y reclama el uso de fondos europeos
SUR viene informando de las carencias en infraestructura eléctrica en la provincia de Málaga. La provincia está al límite de su capacidad y eso no ... sólo es una amenaza presente, sino que condiciona y lastra los proyectos tecnológicos, de desarrollo industrial y empresarial e, incluso, algunas infraestructuras como el Puerto Seco de Antequera, el tercer hospital o la ampliación del aeropuerto de Málaga. El asunto llegará al pleno ordinario de octubre en la capital malagueña, de la mano de una moción urgente avanzada por el alcalde, Francisco de la Torre.
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El texto de la iniciativa hace hincapié en el actual marco regulatorio nacional, que, según se expone, pone trabas a ese crecimiento e impone un límite legal a la inversión en redes de transporte y distribución de electricidad equivalente a aproximadamente el 0,2 % del Producto Interior Bruto (PIB), lo que está muy por debajo de la media europea. «Países como Francia, Alemania o Portugal, destinan más del doble de ese porcentaje a la mejora y ampliación de sus infraestructuras eléctricas; esto sitúa a España en una posición de desventaja competitiva y de insuficiencia estructural en la red que dificulta la puesta en marcha de nuevas infraestructuras», se incide.
La moción alude también a las palabras del consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, en el marco de un encuentro coloquio organizado por este periódico. En su intervención, el consejero recordaba que tanto Red Eléctrica como los operadores privados están «topados por ley» y no pueden ampliar su inversión pese a la elevada demanda.
Fondos comunitarios
El consejero explicaba igualmente que pese a que las inversiones en redes se financian mediante los peajes eléctricos incluidos en las facturas de hogares y empresas (de acuerdo a la normativa), la entrada de más consumidores y grandes compañías una vez se amplíe la potencia, compensaría ese sobrecoste; además, aludía incluso a la posibilidad de recurrir a los fondos Next Generation de la Unión Europea para financiar estas infraestructuras sin trasladar el coste a la factura eléctrica de los hogares.
Las peticiones que lanza el Grupo Popular a través de su iniciativa incluyen instar al Gobierno a eliminar el actual límite legal que restringe las inversiones en redes de transporte y distribución eléctrica al citado 0,2 % del PIB y a establecer un nuevo modelo que garantice la generación de riqueza, la creación de empleo y la transición ecológica.
El segundo acuerdo conmina al Ejecutivo a recurrir a financiación europea, por ejemplo los fondos Next Generation.
Y, en tercer y último lugar, se hace participe del acuerdo (es seguro que la moción saldrá adelante ya que el PP cuenta con mayoría absoluta) tanto al propio Gobierno, como a la Junta de Andalucía como a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
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