El Supremo anula los condicionantes más severos para construir en la zona inundable de los polígonos de Málaga

El alto tribunal ha admitido los recursos de Apoma y de la entidad del Guadalhorce. /SUR
El alto tribunal ha admitido los recursos de Apoma y de la entidad del Guadalhorce. / SUR

El alto tribunal da la razón la asociación de empresarios y a la entidad del Guadalhorce y tumba el plan de gestión del riesgo por un defecto de forma

Jesús Hinojosa
JESÚS HINOJOSAMálaga

Los empresarios de los polígonos de Málaga están de enhorabuena. El Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias que suponen la anulación de los planes de inundabilidad que elaboró la Junta de Andalucía y aprobó el Gobierno central hace cuatro años. Los fallos, a los que ha tenido acceso este periódico, estiman los recursos que presentó la Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga (Apoma), por un lado, y la entidad urbanística de conservación del polígono industrial Guadalhorce, por otro, y suponen la anulación no solo del Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, donde está englobada la provincia de Málaga, sino también del plan de gestión del riesgo de inundación que hasta ahora suponía un freno para no pocos desarrollos urbanísticos previstos.

Las dos sentencias reproducen el argumento de otros dos fallos evacuados por el Supremo a finales del pasado mes de marzo en relación a suelos de Torremolinos y Marbella afectados por la inundabilidad. Así, considera como principal causa de nulidad la ausencia de un informe preceptivo del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.

El abogado defensor de Apoma y de la entidad del Guadalhorce, Manuel Jiménez Baras, destacó que, a diferencia de esos dos fallos anteriores, estas sentencias no solo anulan el plan hidrológico, sino también los planes de gestión del riesgo de inundación, por lo que tumban por ahora buena parte de los condicionantes que pesaban sobre los suelos de los polígonos del Guadalhorce para llevar a cabo nuevos proyectos. La anulación del plan hidrológico y del plan de gestión del riesgo de inundación implica que la norma que actualmente opera para los terrenos inundables es el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, en el que se señala que la inundabilidad del suelo no altera su calificación urbanística, por lo que se puede construir en ellos con unas determinadas condiciones, entre ellas la presentación de una declaración responsable por parte del promotor y la obligación de anotar en el Registro de la Propiedad que se trata de un suelo inundable.

«Pero los promotores ya no son los que están obligados a diseñar y realizar medidas correctoras para evitar el riesgo de inundación», resaltó Jiménez Baras, del despacho Ius Urbis, quien también apuntó que este fallo deja en manos de los ayuntamientos la potestad para autorizar o no los proyectos en zonas inundables, salvo que se trate de suelos afectados por el dominio público hidráulico por su proximidad a los ríos o arroyos, que deben ser supervisados por la Junta de Andalucía.