El Seprona denuncia la «laxitud» de la Junta en el control de los vertidos de aguas fecales

Estado del río tras el vertido de aguas residuales del municipio de Coín, que ha creado una «zona muerta». /Fernando Torres
Estado del río tras el vertido de aguas residuales del municipio de Coín, que ha creado una «zona muerta». / Fernando Torres

Calcula en cuatro millones los daños causados desde 2010 al dominio público hidrográfico por las residuales que Coín deposita en dos ríos. Dice que Medio Ambiente solo ha puesto dos multas de 1.200 euros, lo que lanza un mensaje: «Sale más barato contaminar que cumplir la ley»

JUAN CANO , ALVARO FRÍAS y FERNANDO TORRESMálaga

Los tres cauces bajan sanos. Los análisis de la calidad del agua en sus respectivas cabeceras obtuvieron la calificación de «buena». Hasta que llegan al punto donde Coín, un municipio de más de 20.000 habitantes del Valle del Guadalhorce, vierte sus aguas residuales. Ahí se forma lo que los ecologistas denominan una «barrera de contaminación». Una «zona muerta» que separa los dos espacios. El primero es el natural. El segundo, el que ha dejado la huella del hombre. En ese tramo, se detecta una alta presencia de fecales y amonio. La calidad es de «deficiente» a «mala», según las analíticas realizadas. Y esa imagen verdosa, que parece más propia de un campo de golf que de un río, es producto del proceso de eutrofización, que no es otra cosa que la proliferación de algas por la acumulación de residuos orgánicos.

Desde hace años, Coín vierte directamente sus aguas fecales sin depurar al río Bajo y al arroyo Mortaja, ambos afluentes del río Pereila, que para colmo tiene la catalogación de «zona de especial conservación» por la Junta de Andalucía debido al interés de su flora y su fauna. En la conjunción entre los tres cauces es donde se ha formado esa especie de «presa» contaminante que ahora investiga el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil dentro de la 'operación Vástum'.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Coín mantiene unas diligencias abiertas por estos hechos, por los que los investigadores han tomado declaración como investigados a tres concejales y a los dos últimos alcaldes del municipio, el socialista Gabriel Clavijo, que lo fue entre 2003 y 2011, y Fernando Fernández Tapia-Ruano (PP), quien ocupó el cargo entre 2011 y febrero de 2019, fecha en que dejó la vara de mando para hacerse cargo la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (antes, Medio Ambiente) de la Junta.

Los informes del Seprona, aportados desde diciembre a la causa que se sigue en el juzgado de Coín y que impulsó la Fiscalía de Medio Ambiente, inciden precisamente en la «laxitud» del Gobierno autonómico como administración competente en materia de control, inspección y sanción de los vertidos. Los agentes subrayan que, en la última década, la Delegación de Medio Ambiente de la Junta ha impuesto al Ayuntamiento de Coín «como toda medida sancionadora» dos multas que ascienden a 1.200 euros, según la investigación.

Europa multa a España

Frente a estas sanciones, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea impuso a España una multa de 12 millones de euros por incumplir la normativa comunitaria de saneamiento con una sentencia en la que Coín, Alhaurín el Grande, Estepona y Nerja eran cuatro de los 17 municipios señalados desde 2011. El fallo advertía al Estado de que la sanción se agravaría con 11 millones por cada seis meses en los que la situación no mejore. Y se dictó en julio de 2018.

Las cifras de la sentencia de Europa son, desde luego, más acordes a las dimensiones del desastre ecológico en los tres ríos afectados por los vertidos de Coín. El Seprona se atreve incluso a cuantificarlo. Según su investigación, los daños al dominio público hidrográfico superarían los cuatro millones de euros, en una estimación realizada por los investigadores teniendo en cuenta el volumen de aguas fecales depositada en estos cauces desde el año 2010, que es cuando comenzó el plan de inspecciones de la Junta, aunque los vertidos, en realidad, empezaron mucho antes.

Teniendo en cuenta que los daños sobrepasarían los cuatro millones, según estos cálculos del Seprona, y las multas impuestas por la Junta ascenderían a 1.200 euros, los agentes concluyen en sus informes que se está lanzando un claro mensaje a las administraciones locales: «Sale más barato contaminar que cumplir la ley». Así, y solo así, consideran los investigadores, puede explicarse la «falta de interés» en acometer las obras de la depuradora, que acumulan 18 años de retrasos.

Un equipo multidisciplinar inédito en delitos medioambientales

La 'operación Vástum' no solo ha puesto en la diana a las administraciones –y especialmente a algunos partidos políticos, que han guardado absoluto mutismo después de que SUR destapara el caso– por la gestión del saneamiento, sino que, además, servirá como modelo de trabajo para los delitos medioambientales. De hecho, Europol ha mostrado interés por el funcionamiento del «equipo multidisciplinar» creado por los investigadores y auspiciado por la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrox, que ofició a los diferentes organismos implicados para que trabajaran codo con codo con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en el caso. Fue de ese modo como llegó a Málaga el 'Ángeles Alvariño', el buque del Instituto Español de Oceanografía que el pasado verano, durante cinco días, inspeccionó los fondos en torno a los emisarios de Torrecilla y Burriana, en Nerja, y cuyos científicos estimaron en nueve toneladas la capa de toallitas que contamina la zona por los vertidos de aguas sin depurar que realiza el municipio axárquico. También, merced a esa orden de la jueza, se incorporó a ese equipo multidisciplinar creado para la 'operación Vástum' el Servicio de Medio Ambiente del Instituto de Toxicología, que se dedicó a analizar la calidad de las aguas en los puntos de vertido de Coín y Nerja. En ambos casos, detectaron la presencia de bacterias fecales que pueden suponer un peligro para la salud.