Psicólogos alertan de «reticencias» en los centros escolares para activar el protocolo antibullying

A partir de ese momento, se forma una comisión y se hace seguimiento del caso para comprobar si las sospechas se confirman y para tomar medidas en una dirección u otra. En esa comisión entra en juego la unidad de bienestar emocional, una herramienta creada por la Consejería para brindar a los centros el apoyo de psicólogos profesionales. Miembros de esta unidad advierten a SUR de que la práctica difiere de la teoría, al constatar que muchos centros e institutos «tienen reticencias» a la hora de activar estos protocolos, por temor a un supuesto daño de la reputación.

Una de ellas es Celina Granada, vocal de Educación en el Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental y miembro de la unidad de bienestar emocional. «Que un centro no tenga protocolos abiertos no significa que no se den casos de acoso escolar. Eso es imposible. Lo que vemos es que hay muchas reticencias a la hora de activar estos protocolos», asegura y añade que esta situación es «generalizada».

De fondo, precisa, está el temor a que se dañe la imagen del centro en cuestión. «Que te tomen como colegio o instituto conflictivo, claro», resalta Granada. Según esta profesional, especializada en el ámbito educativo, muchos tratan primero de resolver supuestos casos de acoso escolar de puertas para dentro. «Se intenta poner algún remedio antes de elevarlo al protocolo antibulling», detalla. Para esta psicóloga, hay mucho margen de mejora en la atención a la salud mental en los centros educativos.

El paso más importante hacia esa mejora sería colocar la figura del psicólogo educativo como obligatoria en los centros educativos. «Los propios maestros o profesores nos cuentan que están desbordados ante casos de este tipo, que no tienen las competencias. Al final, el orientador del centro no deja de ser alguien que imparte también una materia cualquiera. Un buen profesor de matemáticas es un buen profesor de matemáticas, pero no un psicólogo», resalta Granada.

Mariela Checa es la decana del Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental y profundiza en esta petición. «Llevamos mucho tiempo abogando por la necesidad de que cada centro cuente con un psicólogo educativo. De esta manera, cualquier problema relacionado con la salud mental o con cualquier tipo de acoso se podría detectar antes y encausar de la mejor manera», explica.

«Nosotros, por parte del Colegio, insistimos muchísimo en que hay que abrir el protocolo. Es la única manera de evitar una desgracia como la ocurrida en Sevilla», añade. Cualquier daño a la reputación que puedan sufrir los centros, en eso coinciden todas las fuentes consultadas, es mucho más grande con desenlaces trágicos como el ocurrido con Sandra, la alumna sevillana de las Irlandesas de Loreto. «Un protocolo antibullying activado en su momento puede ayudar mucho», sentencia Checa.

Ana Muñoz, miembro en la junta directiva del CEIP Miguel de Cervantes, con años de experiencia como directora en el mismo centro, señala que las instrucciones de la Consejería de Educación no ofrecen lugar para dudas. «Tenemos que activar el protocolo antibullying ante el más mínimo indicio. La denuncia puede ver de cualquier parte, no tiene que ser de una docente o del entorno escolar. Vale la denuncia de un familiar o de cualquier persona», detalla.

Muñoz también estima plausible que haya centros que duden a la hora de activar el protocolo. En todo caso, resalta que «el protocolo es el primer paso para esclarecer también supuestos acosos que luego no son». Preguntada por la burocracia, estima que «hay otros asuntos que tienen más burocracia».