Europa no obliga realmente a imponer una tasa de basura
Reflexiones jurídicas sobre una directiva europea y su trasposición en España a través de una ley: ¿Qué votó cada partido en su momento?
La respuesta rápida a la pregunta planteada por muchos es que no en sentido estricto. Pero tiene matices. Europa impone un camino y marca objetivos: ... los estados deciden cómo llegar a los objetivos, que no son otros que fomentar la economía circular, el reciclaje y evitar en suma seguir colmatando los vertederos. Eso, por mucho resumir. Además del análisis de la directiva comunitaria y de la ley estatal y de hablar con representantes municipales, SUR ha contactado con algunos expertos independientes en la materia.
Fuentes de toda solvencia realizan una cronología normativa. En el caso de residuos a vertedero, la legislación europea se basa en:
- Directiva 1999/31/CE: Establecía requisitos técnicos para los vertederos, clasificación de residuos admisibles, y la obligación de gestionar los vertederos tras su clausura. Introducía el principio de 'quien contamina paga'.
- Directiva 2008/98/CE: Introducía la jerarquía de residuos (prevención, reutilización, reciclado, valorización, eliminación) y reforzaba la responsabilidad del productor del residuo.
- Directiva 2018/850: Establecía objetivos de reducción del vertido de residuos municipales: 10% o menos para 2035; 20% en 2030, o 40% en 2025.
«La normativa europea no dice explícitamente que el ciudadano individual debe pagar el depósito en vertedero, pero sí establece que el productor del residuo es responsable de su gestión y de los costes asociados»
«En resumen: La normativa europea no dice explícitamente que el ciudadano individual debe pagar el depósito en vertedero, pero sí establece que el productor del residuo es responsable de su gestión y de los costes asociados. En el caso de residuos domésticos, esta responsabilidad se traduce en tasas municipales o regionales que los ciudadanos pagan indirectamente.
¿Cómo ha traspuesto España esta normativa? Mediante la Ley 7/2022, que fija obligaciones para ciudadanos y productores de residuos, incluyendo la financiación de la gestión mediante tasas municipales.
Aquí sobreviene un asunto que debe saberse: ¿Qué votó cada partido en el Congreso de los Diputados? Votaron a favor de la ley el PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV y Bildu. En contra Vox, Junts y ERC. El PP se abstuvo.
La ley establece que el poseedor de los residuos (incluido el ciudadano) es responsable de entregarlos a un gestor autorizado o al sistema público de recogida.
Votaron a favor de la ley el PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV y Bildu. En contra Vox, Junts y ERC. El PP se abstuvo
Esto se traduce en que los ciudadanos deben separar y depositar correctamente sus residuos (orgánicos, envases, papel, vidrio, etc.) en los contenedores adecuados.
El que contamina paga
En línea con el principio de que quien contamina paga, los costes de recogida, tratamiento y eliminación de residuos domésticos son asumidos por los ciudadanos a través de tasas municipales.
Estas tasas se destinan a financiar los servicios de limpieza urbana, recogida selectiva, transporte y tratamiento de residuos.
La cuestión es que el Gobierno podría haber elegido otra fórmula: transfiriendo dinero a los ayuntamientos, creando un impuesto estata... Pero pagar el servicio, hay que pagarlo, directa o indirectamente.
Sí es verdad, en todo caso, que cada ayuntamiento llegará al cálculo de la tasa de una manera distinta. Se pueden introducir variables catastrales, estadísticas medias, si la actividad económica es más o menos contaminante, número de miembros de un domicilio... Esto generará un marco normativo tipo reinos de taifas. La litigiosidad es segura. De hecho, ha empezado a producirse. Eso sí, la ley estatal hay que cumplirla. Y sólo cabría modificarla.
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