La nueva ley de contratos frena las obras municipales

Las principales dificultades con las que se encuentran las administraciones locales a la hora de adaptarse a la ley son la obligación de tramitar todos los contratos, salvo los menores, mediante una plataforma digital, y la necesidad de adaptar los pliegos de condiciones de los nuevos contratos a los principios de una normativa que resulta en muchos aspectos totalmente novedosa para los empleados municipales y, por ello, abierta en algunos casos a diferentes interpretaciones jurídicas.

Desde el pasado 9 de marzo, todas las contrataciones públicas deben realizarse, de principio a fin, mediante una plataforma digital para garantizar la transparencia e introducir de lleno este tipo de procedimientos en la llamada administración electrónica, sin papeles. Algunos ayuntamientos han puesto en marcha una plataforma propia, pero la gran mayoría se han acogido a la plataforma de contratación del Estado. Es el caso de Málaga capital, cuyo consistorio ha impartido cursos a los funcionarios para que sepan cómo funciona el nuevo mecanismo.

Además, para llevar a cabo las nuevas contrataciones electrónicas, se ha habilitado una sala especial con un gran monitor en la Casona delParque de la que podrán hacer uso las mesas de contratación de los diferentes organismos municipales, incluido el Ayuntamiento. Pero el proceso de adaptación no está aún completado. «La adecuación de los pliegos a la ley es lo que más está tardando. El personal se tiene que acostumbrar a trabajar de otra forma», admitieron fuentes municipales, que confirmaron que el proceso de adecuación de todos los procedimientos en todas las áreas y organismos puede durar todavía «varios meses». Síntoma de la parálisis de las contrataciones municipales, en el caso de la capital, es que el presupuesto de este año entró en vigor hace un mes y, a diferencia de ejercicios anteriores, apenas si hay nuevas contrataciones activadas, un panorama inaudito a un año vista de una nueva cita con las urnas a nivel local para la que los equipos de gobierno suelen poner en marcha un buen paquete de inversiones.

El presupuesto de Málaga para este año asciende hasta los 790 millones de euros, un 5,5% más respecto al del año pasado. Suben tanto el gasto social, que pasa de 82,6 a 101,3 millones de euros, y como las inversiones, que se disparan desde los 61,5 a los 74,9 millones. Entre ellas hay partidas para proyectos ya en marcha y que, previsiblemente, no se ven afectados por los nuevos procedimientos de la contratación electrónica, pero también hay actuaciones que todavía no han sido licitadas, como el puente peatonal sobre la desembocadura del Guadalhorce –dentro de la llamada 'Senda Litoral'–, el nuevo acceso a Portada Alta y Teatinos desde la autovía, la semipeatonalización de las calles Carretería y Álamos, y un pabellón de balonmano para Puerto de la Torre, entre otras obras. Tampoco han salido aún a concurso los trabajos para reurbanizar toda la zona de Martiricos a raíz del proyecto residencial que se construye ya en los suelos que ocupó Citesa. La primera fase de esa intervención está valorada en 14 millones de euros, de los que el Ayuntamiento de Málaga contratará obras por 6,9 millones de euros.

El colectivo de empresarios está especialmente preocupado por la parálisis de las contrataciones públicas a la espera de que los municipios terminen de adaptarse a la ley. «En general van mal, están un poco perdidos», apuntó la secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP), Violeta Aragón. Esta representante del sector empresarial reconoció que una buena parte de los municipios de la provincia se han quedado «paralizados» tras la entrada en vigor de la ley no solo porque no están adaptados a la licitación electrónica, sino porque no saben cómo adecuar los pliegos de los contratos a la nueva normativa. No obstante, confió en que esta situación cambie en los próximos meses, a medida que se vayan poniendo al día.

Aragón apuntó la anécdota de un pequeño municipio de la provincia que anunció que sacaba su primera licitación electrónica recabando las ofertas mediante correo electrónico, método que para nada tiene que ver con lo que exige la ley. «Hay ayuntamientos muy pequeños que no tienen personal cualificado», señaló la secretaria general de los constructores, quien admitió que a las empresas también les está costando adaptarse a los nuevos mecanismos de contratación pública. «Hace dos semanas hicimos un taller para informar a nuestras empresas cómo tienen que darse de alta en la plataforma de contratación del Estado, porque su uso no es fácil. Nos están transmitiendo las complicaciones y los fallos con los que se encuentran», añadió la secretaria de la ACP.

También desde la Diputación Provincial se están impartiendo cursos a las localidades de menos de 20.000 habitantes para formar a sus empleados municipales en los pormenores de la nueva ley. María Dolores de Pablo, jefa del servicio de Presupuestos y Administración Electrónica del ente supramunicipal, aclaró que, en la adaptación a la licitación vía digital, «la complejidad es mayor porque gran parte de los ayuntamientos no están adaptados al cien por cien a la administración electrónica». La ley obliga a que lo estén para el próximo mes de octubre, por lo que la preceptiva contratación electrónica que está en vigor desde el pasado 9 de marzo se ha adelantado siete meses al momento en que todos los procedimientos internos y externos de los ayuntamientos deben poder hacerse sin papales.

Algunos gobiernos locales se han mostrado especialmente contrariados por las dificultades que les suponen los nuevos sistemas de contratación a la hora de activar proyectos pendientes. El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno (PSOE), fue muy crítico y aseguró que, en vez de agilizar los trámites, la nueva ley viene a «aumentar la dificultad». «El procedimiento exigido y tener que hacerlo todo en expediente electrónico va a ralentizar muchísimo las justificaciones, por urgencia o emergencia», afirmó Moreno, quien también criticó el precepto de que un empresario no pueda firmar contratos menores con una misma administración, en el mismo año presupuestario, por encima de los importes máximos de un contrato menor (hasta 40.000 euros en el caso de obras y hasta 15.000 euros en servicios).

En Rincón de la Victoria, el equipo de gobierno bipartito, de PP y PA, asegura que las dificultades de la nueva ley se están produciendo, por un lado, por la necesidad de realizar «constantes» consultas a las áreas de Secretaría y Contratación para aclarar la definición de conceptos, sobre todo en las valoraciones técnicas, y por otro, por el proceso de adaptación al uso exclusivo de medios digitales.

Igualmente, desde el ayuntamiento rinconero remarcan que la plantilla municipal cuenta con un número de medios humanos «muy limitado», por lo que la elaboración de los pliegos ralentiza el proceso.

En Nerja, el gobierno tripartito, de PSOE, IU y EVA-Podemos, también destaca que una de las principales dificultades de la adaptación a la nueva ley se está produciendo por la falta de personal en el Ayuntamiento, ya que en las dos últimas décadas «apenas» se han cubierto plazas por oposición ante las restricciones para incrementar las plantillas municipales que se impusieron desde el Gobierno en 2012. El atasco en el área de contratación frena, por ejemplo, la instalación de dos puentes peatonales de madera en las desembocaduras de los ríos Chíllar y Seco, valorados en unos 219.000 euros.

Menos dificultades por esta tesitura afirman tener en los ayuntamientos de Estepona y Marbella. Desde este último apuntan que, a principios de año, optaron por adelantar los contratos que tenían pendientes para que su tramitación no tuviera que someterse a los requisitos de la nueva ley. Asimismo, llevaron a cabo un plan de formación del personal que ha hecho que las incidencias sean menores en el ritmo de las contrataciones públicas.

En Antequera tampoco tienen especiales dificultades, según expuso el teniente alcalde de Hacienda, Juan Rosas, si bien van a sumar un nuevo técnico al área de contratación.

1

La ley persigue una mayor transparencia en la contratación pública, y una mejor relación calidad-precio, variable que sustituye a la oferta económica más ventajosa.

2

Por primera vez se establece la obligación de que los órganos de contratación establezcan unos criterios de adjudicación que permitan obtener obras, suministros y servicios de calidad, mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.

3

La ley busca simplificar los trámites y favorecer el acceso para las pequeñas y medianas empresas mediante el fraccionamiento de contratos a nivel funcional y territorial.

4

Establece un mayor control para las empresas que son subcontratas.

5

Los órganos de contratación rechazarán las ofertas si comprueban que son anormalmente bajas porque no cumplan las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral. En el caso de que se adjudique el contrato a una oferta excesivamente baja, la Administración realizará un seguimiento pormenorizado de la ejecución del contrato.

6

El procedimiento de contratación debe realizarse mediante una plataforma digital salvo en el caso de los contratos menores, que se adjudican directamente a cualquier empresario capacitado para ejecutarlos.

7

Los importes máximos para contratos menores se reducen de 50.000 a 40.000 euros en el caso de obras y de 18.000 a 15.000 euros en el caso de servicios.

8

No pueden adjudicarse durante un ejercicio presupuestario (este plazo se presta a interpretaciones) y a un mismo empresario contratos menores cuyo valor conjunto supere las cifras previstas para un único contrato menor.