Municipios de Málaga piden al Gobierno ayudas por los daños de temporales valorados en 7,5 millones de euros

Aún se desconoce la cuantía a percibir, sobre todo porque la partida liberada por el Ministerio de Hacienda es de 19,7 millones para atender las incidencias que ese otoño padecieron el sur y este peninsular (el decreto incluye las provincias de Granada, Almería, Murcia, Valencia y Gerona) y las islas Canarias. Pero también porque a lo máximo que pueden aspirar es al 50% del coste de la reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad municipal.

El plazo de un mes para poder concurrir a esta convocatoria se cerró el 11 de agosto y finalmente han sido siete los ayuntamientos que se han acogido (Alhaurín de la Torre, Torremolinos, Igualeja, Pujerra, Júzcar, Cortes de la Frontera y Sayalonga), después de que los otros ocho que inicialmente estaban incluidos lo hayan desestimado o hayan sido excluidos. ¿Por qué? Estepona y Casares argumentan que pese a figurar en el ámbito de aplicación del decreto no se vieron afectados, Manilva porque ya lo han arreglado por su cuenta, Arenas y Jubrique porque al exigirse el compromiso de financiar el 50% restante no les compensa reparar todos los daños y les basta con una actuación parcial, y Algarrobo porque el vial por el que se presentaron inicialmente no es municipal. Por último, Ronda y Genalguacil aseguran haberlo solicitado, pero no figuran en la relación facilitada a este periódico por la Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, que no explica los motivos.

En su conjunto, los municipios que sí que han entrado lo han hecho formalizando vía telemática un total de 93 solicitudes para costear actuaciones valoradas en unos 7,5 millones. Por volumen, destaca sobremanera Alhaurín de la Torre, que pretende conseguir la mitad de los cerca de 7 millones de euros que se llevan un total de 82 obras de urbanización y de reparación de canalizaciones de agua (la mayoría ya ejecutadas). La relación de incidencias las remitió la misma mañana del jueves a la Subdelegación del Gobierno. Prácticamente sobre la bocina también hizo lo propio el Consistorio de Torremolinos, que aspira a que el Gobierno cofinancie los 330.000 euros que costaron los trabajos realizados. La tromba de agua afectó con virulencia a la urbanización Aldeamar, en Los Álamos, donde llegaron a registrarse casi cuarenta litros por metro cuadrado. Las tareas efectuadas por el Ayuntamiento se centraron en la limpieza y el mantenimiento del arroyo Ceuta, que permaneció obstruido durante horas y cuyo desbordamiento invadió la mencionada urbanización.

Al margen de Sayalonga, que solicita 21.700 euros por los desprendimientos en varios viales, el resto de municipios afectados se encuentran en el Valle del Genal, donde la mayoría de las incidencias se registraron en caminos públicos y captaciones de agua. Júzcar, Igualeja y Cortes han presentado una relación de daños por unos 20.000 euros cada uno. Mayor es la cuantía que pide Pujerra, que fue el municipio más perjudicado por la tromba registrada en octubre de 2015, en la que en apenas 24 horas cayeron 318 litros por metro cuadrado en el que ha sido el peor temporal sufrido en este pueblo desde 1989. Los daños se valoraron en 600.000 euros, pero no todos tienen cabida en estas ayudas, por lo que se solicitan 113.000 euros para tres actuaciones en caminos y la red de abastecimiento y saneamiento. El Ayuntamiento, con sus escasos recursos, pudo reparar lo más prioritario, como un enorme socavón en la carretera de acceso a la localidad, pero no el resto. De ahí que esperen como agua de mayo la concesión de estos fondos estatales que se han hecho esperar más de la cuenta. Primero por la parálisis que supusieron los diez meses que el Gobierno estuvo en funciones con dos elecciones generales de por medio (diciembre de 2015 y junio de 2016) y luego por el cierre del ejercicio en julio del año pasado para asegurar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Una vez registradas las solicitudes, la Subdelegación del Gobierno tiene dos meses para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, y tras el informe de la comisión de asistencia, remitir a la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales la relación cuantificada de los proyectos valorados susceptibles de recibir subvención. A partir de ahí, la intención es que el dinero sea transferido antes de que acabe el año. Eso sí, después de acreditar que el ayuntamiento de turno no tiene deudas con Hacienda ni la Seguridad Social.