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Domingo, 14 de junio 2020, 23:39
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La crisis económica que ya comienza a notarse provocada por la paralización de la economía ya tiene un enemigo común: la obra pública. Administraciones como la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga ya han lanzado planes específicos, pero son sobre todo los grandes y medianos ayuntamientos de la provincia de Málaga los que han activado planes concretos que ya están en marcha. Aunque con excepciones, las administraciones locales son las que presentan balances económicos más positivos, lo que también permite una mayor inversión para reactivar sus economías.
Sin embargo, los consistorios continúan exigiendo al Gobierno central que permita hacer uso del superávit para invertirlo en lo que consideren más útil para crear empleo. El Ejecutivo de Pedro Sánchez sigue sin mover ficha, por lo que todas aquellas obras que se quieran llevar a cabo este año y que no estuvieran incluidas en los presupuestos tendrán que ser financieramente sostenibles.
Esta salvedad es una de la principales características de la ley de estabilidad presupuestaria aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy y que en la práctica solo permite usar una parte del remanente para obras que no precisen de un mantenimiento constante; una herramienta a todas luces insuficiente para los ayuntamientos solventes en una crisis como la que se avecina.
Uno de los primeros consistorios que anunció este paquete de medidas de obra pública fue el de Marbella, con una cuantía cercana a los 60 millones para los próximos meses. De momento, ya se están destinando más de 3,5 millones de euros para un total de 55 obras de regeneración urbana con el objetivo de reactivar económicamente las pequeñas y medianas empresas del sector de la construcción. Esto se suma a los 2,5 millones del plan de regeneración de San Pedro Alcántara.
Málaga capital no ha aprobado ningún plan específico, aunque desde la Gerencia de Urbanismo ya recordaron que en los últimos meses se han impulsado proyectos valorados en más de 47 millones de euros.
En Mijas la situación económica (cuenta con 130 millones de superávit) les ha permitido ser muy ambiciosos con la inversión en obra pública. Dentro del llamado 'Plan Mijas', el gobierno local ha activado en esta materia una inversión de 117 millones de euros destinados a obras en la ciudad, lo que calculan que supondrá la generación de más de 2.500 nuevos empleos directos en este sector.
Del montante global, 57,2 millones de euros pertenecen a la ejecución más inmediata de las infraestructuras ya planteadas y los 60 millones restantes forman parte de los treinta proyectos que se están redactando actualmente desde el Consistorio. Estos proyectos se suman a los que ya se están ejecutando, como es el caso de los aparcamientos de La Candelaria y El Juncal, la ampliación de la Ciudad Deportiva Regino Hernández con el edificio multiusos o la piscina terapéutica.
Estepona ha iniciado en estas últimas semanas las obras del futuro Ayuntamiento (15 millones de euros) y ha licitado los proyectos para la ejecución del aparcamiento subterráneo y la remodelación de la plaza del Ajedrez (15 millones de euros), la remodelación y embellecimiento de once calles del casco antiguo (1,5 millones de euros), el corredor fluvial en la zona de Arroyo de Las Cañas (250.000 euros), planes de eficiencia energética en tres dependencias municipales (761.000 euros), el vial en el Camino de Las Antenas (200.000 euros) y un plan para pintar varios centros educativos (100.000 euros).
En mayor o menor medida, estos municipios grandes y medianos han previsto una cierta cantidad para esta materia. También en la Costa, Benalmádena ha anunciado la reserva de 50 millones de euros que se dedicarán a obra pública, mientras que Fuengirola tiene previstos 13,8 millones para esta misma materia.
En otras zonas de la provincia la intención es la misma. Vélez-Málaga aprobó hace unos días la ejecución de siete bloques de proyectos de mejoras en las infraestructuras del municipio por un valor total de 2,1 millones de euros, cuyas obras comenzarán a finales de año y que supondrán un contrato temporal de trabajo para 840 personas. También Alhaurín de la Torre y Antequera ya han licitado obras por valor de 3 y 2,5 millones de euros, respectivamente.
La obra pública como herramienta para activar las economías locales tras la crisis sanitaria provocada por el coronavirus también llegará a los municipios pequeños. La menor capacidad de inversión de estas localidades se compensará con la puesta en marcha del Plan Málaga, un macroplan de más de 200 millones planteado por la Diputación y que contiene un plan provincial de obras específico.
Según explican desde el ente supramunicipal, en marzo ya se transfirieron a los ayuntamientos 15 millones de euros como fondos incondicionados y quedaban 18,8 millones por repartir en diferentes programas de obras, suministros y servicios que habían sido seleccionados por los consistorios antes de que comenzara la crisis. De esa cantidad pendiente, «para facilitar que los municipios dediquen los fondos a los proyectos y actuaciones que les permitan atender las prioridades ocasionadas por la crisis sanitaria», 17 millones de euros se emplearán en lo que cada ayuntamiento estime más urgente, mientras que los 1,8 millones restantes se destinarán a obras que ya estaban programadas y comprometidas.
A todo ello se suman diferentes planes de inversión en obras que la Diputación de Málaga cifra en unos 65 millones de euros, lo que a juicio de sus responsables permitirá reactivar el sector de la construcción y favorecer la mejora o la construcción de nuevas infraestructuras y equipamientos, el arreglo de carreteras de la red provincial y la ejecución de proyectos de la Senda Litoral y del Programa de Fomento de Empleo Agrario. Aunque afecta a todos los municipios, se espera que este plan provincial tenga una mayor incidencia en las localidades con presupuestos más reducidos y, por tanto, con menos capacidad de actuación ante una crisis de esta envergadura.
Sobre esta cuestión, el presidente de la Diputación, Francisco Salado, ya insistió en que estas actuaciones van a estar condicionadas a la creación de empleo, por lo que se podrán realizar incluso a través de planes de empleo de los ayuntamientos.
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