Javier Salas, contra todos

Una reclamación a la que respondió el subdelegado del Gobierno en la provincia, Javier Salas, en la entrevista concedida a este periódico y donde defendió de manera contundente que en la «red eléctrica en Andalucía y en Málaga no existe ningún problema» y que en la comunidad «no hay congestión física de redes». El dirigente socialista defendió la gestión del Ejecutivo central al sostener que Andalucía tiene proyectos con permiso de acción y conexión concedida por valor de 5,8 gigavatios y que aún no están conectadas; que proyectos como el IMEC –un centro puntero en investigación y fabricación de semiconductores que se instalará en el PTA– tiene garantizado el abastecimiento eléctrico; y que el Gobierno tiene en marcha la nueva planificación eléctrica de 2030 donde las administraciones públicas y los privados pueden hacer alegaciones de las necesidades que tiene para la planificación cara al futuro.

En ese alegato, que le situó contra las posiciones defendidas por entidades privadas, instituciones y los populares, Salas fue más allá al enmarcar las críticas en que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, está «muy agobiado» y necesita «cortinas de humo» para tapar sus «errores» de gestión en asuntos como la crisis por los cribados del cáncer de mama y añadió que, salvo el IMEC, no van a venir más proyectos a la capital porque no hay suelo industrial debido que el Ayuntamiento de la ciudad –del PP– no genera estos suelos por lo que los requerimientos de potencia eléctrica «tampoco son muy altos».

El debate sobre las infraestructuras eléctricas en la provincia ha abierto un nuevo frente de confrontación política e institucional entre el PP y el PSOE, sumándose a otros que vienen enfrentando a ambos partidos en los últimos meses como la movilidad o las inversiones del Ejecutivo central en Málaga.

Y es que cabe recordar que en el mapa del reparto del poder institucional provincial, los populares copan la mayoría de las administraciones: Junta, Diputación y ayuntamientos, ya que sus alcaldes gobiernan en los municipios donde viven casi el 90% de los malagueños (están al frente de 16 de las 17 ciudades de más de 20.000 habitantes); mientras que la administración malagueña de mayor relevancia de ámbito provincial en manos de los socialistas es la Subdelegación del Gobierno.

En este contexto, la Subdelegación, más allá de su papel institucional, ha adquirido un elevado perfil político, al que también ha contribuido la figura del propio Javier Salas, que es miembro del núcleo duro de la dirección provincial del PSOE liderada por Josele Aguilar, donde ocupa el cargo de secretario coordinador del área de Política Institucional.

Una proyección pública que ha situado a Javier Salas en el centro del rifirrafe político. En este sentido, hace apenas dos semanas la avería en la autovía A-7 en Rincón de la Victoria de un camión, que tardó unas diez horas en ser retirado de la calzada y provocando largas colas en plena hora punta, avivó y elevó el tono del enfrentamiento institucional entre la Subdelegación y la Diputación.

Así, el presidente del ente supramunicipal y alcalde de Rincón, Francisco Salado, pidió la dimisión de Javier Salas por «su incapacidad, por su desidia y por ser indigno del cargo». El subdelegado del Gobierno pasó al contraataque acusándole de «sectarismo» y «populismo» y de estar más implicado en hacer oposición a Pedro Sánchez que en «atender sus obligaciones con los pequeños municipios», entre ellas, las carreteras provinciales, que cada año «reciben menos inversión ejecutada», por lo que Salas también pidió la dimisión de Salado. A ello, el representante gubernamental unió la reclamación de la marcha de Juanma Moreno tras los fallos en el cribado del cáncer de mama.