La comunidad internacional sella en Málaga su compromiso en la lucha antiterrorista y la reparación de las víctimas

El enjuiciamiento de los terroristas en cumplimiento del Estado de Derecho, la adopción de medidas por parte de los estados que tengan en cuenta los derechos humanos y la perspectiva de género, el papel de los defensores de los derechos humanos, las organizaciones de mujeres y de jóvenes o la consolidación del apoyo a las víctimas como vía para reconstruir una sociedad destruida por el terrorismo son algunos de los asuntos tratados en la conferencia de Málaga y sobre los que se deberá ahondar, según destacó en la clausura el secretario general adjunto de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas, Vladimir Voronkov.

Voronkov precedió en el uso de la palabra al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien en su intervención destacó que la comunidad internacional encontrará en España a su «más firme aliado» en la defensa de los derechos humanos, en la lucha contra el terrorismo y en la protección de sus víctimas» y anunció que el combate antiterrorista será una «prioridad» para la presidencia española de la Unión Europea (UE) en el segundo semestre de 2023.

«España es un país que puede dar testimonio de la dureza con la que el terrorismo golpea a las sociedades democráticas, pero también puede probar que los valores democráticos nos ofrecen instrumentos útiles para derrotar a las organizaciones terroristas», destacó Grande-Marlaska, quien recalcó que España está a la vanguardia en la lucha antiterrorista gracias al compromiso contra ETA y el yihadismo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, jueces, fiscales, funcionarios de prisiones entre otros servidores públicos, así como por la legislación penal y los planes de prevención contra el terrorismo y la radicalización impulsados en los últimos años.

Durante su intervención, el ministro del Interior sostuvo que el Estado tiene la obligación de preservar la memoria de las víctimas del terrorismo tanto para impedir el olvido como por ser el instrumento «más potente para prevenir la radicalización y las conductas violentas». «España asume como un deber moral y legal la promoción de la memoria de las víctimas del terrorismo. Es una política de Estado porque, junto al conocimiento del fenómeno terrorista, conforma un instrumento idóneo para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política», remarcó.

Asimismo, Fernando Grande-Marlaska reivindicó la necesidad de articular el «máximo consenso político y social» frente al terrorismo para lograr vencerlo como sucedió en España en el triunfo de la democracia sobre ETA.

Tras la clausura, Grande-Marlaska y Voronkov mantuvieron un encuentro bilateral donde abordaron, entre otras cuestiones, la apertura de una sede en Madrid este 2022 de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas y el compromiso de España con la conferencia sobre terrorismo de Nueva York, donde el Gobierno abandera la creación de una red global de asociaciones de víctimas del terrorismo y la puesta en marcha de un fondo de reparación para estas víctimas.