Letrados de la Administración piden mejoras salariales y la modernización de la Justicia

Los letrados de la Administración de Justicia han protagonizado esta mañana un parón a nivel nacional que se ha dejado sentir en la Ciudad de la Justicia de Málaga, donde cerca de medio centenar de estos profesionales se han concentrado. Sus exigencias al Gobierno son claras: una mejora salarial y la modernización de la Justicia.

La protesta ha sido convocada por todas las organizaciones de este cuerpo, como son el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia.

A través de un comunicado han explicado que la Ley 13/2009, que reformó 22 leyes procesales, supuso un notable aumento de funciones y responsabilidad inherente para los letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales. Pese a ello, esto se produjo «sin la correspondiente adecuación salarial, que quedó aplazada a la mejora del escenario presupuestario».

«Llevamos más de ocho años esperando la mejora de la situación presupuestaria y a la vez ejerciendo las nuevas y mayores responsabilidades con solvencia profesional y sin defraudar la confianza depositada por el legislador en nuestro cuerpo», han apuntado.

En este sentido, a través del comunicado han indicado que, por el elemental principio de equivalencia en las prestaciones que debe regir en una relación funcionarial de servicio público, su contribución y esfuerzo no puede tener valor cero, y que la adecuación debe aspirar a suprimir o reducir la discriminación salarial respecto de otros funcionarios de la Administración de Justicia del mismo grupo de titulación.

Por otro lado, también han reclamado la urgente modernización de la Administración de Justicia para conseguir dar una respuesta eficaz y adecuada a los tiempos actuales. Para ello es preciso, siempre según han asegurado, seguir con la implantación de la Nueva Oficina Judicial, que definitivamente el país disponga de un Registro Civil público, moderno y gratuito a su cargo; que se compatibilicen los diferentes sistemas de gestión procesal existentes en el territorio nacional; y que se insista en la implantación y desarrollo del expediente digital electrónico.