La Junta recupera medio centenar de VPO ocupadas ilegalmente cada año en la provincia de Málaga

En el caso de la capital, han sido 156 los pisos recuperados (unos 25 al año) por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) por estar habitados de forma ilegal, por albergar inquilinos que no han abonado el alquiler pese a numerosos requerimientos y ofrecimientos de la Junta, y por intervenciones policiales que han detectado que las viviendas se usaban para la comisión de actividades delictivas, relacionadas en su mayor parte con tráfico de drogas.

«Tenemos como prioridad regularizar el uso de la vivienda social», manifestó la delegada del Gobierno andaluz, acompañada por la delegada de la Consejería de Fomento, María Rosa Morales, y el director provincial de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, Juan Jesús Bernal. Navarro señaló que la Junta ha invertido más de medio millón de euros en obras de reforma de pisos sociales 'okupados' para ponerlos a disposición de nuevas familias, y recordó que van a ser excluidos del registro de demandantes de VPO las personas condenadas por haber efectuado una ocupación ilegal.

Asimismo, indicó que Fomento adjudicó este año un contrato para poner en marcha un servicio de verificación del uso social de las viviendas públicas por valor de 7,5 millones de euros para reforzar a nivel regional la inspección de la AVRA, que gestiona 7.290 viviendas protegidas en la provincia.

Por otro lado, Navarro admitió que será «inminente» el anuncio por parte de la Consejería de Fomento del concurso para ceder a una promotora privada la construcción y explotación de un proyecto de 50 VPO en un amplio solar de la zona del Perchel norte, enmarcado por las calles Cerrojo y Agustín Parejo, que está planeado desde hace más de 15 años.

Diseñada por el estudio del arquitecto Luis Machuca, que ha modificado el proyecto para introducirle un sótano con 50 aparcamientos, respetando los restos arqueológicos que aparecieron en el solar, la actuación prevé medio centenar de VPO en régimen de venta, de las que 41 serán de dos dormitorios, seis de tres dormitorios, y tres de una habitación.

La empresa que asuma esta intervención tendrá que afrontar una inversión de 5,6 millones de euros para la que se ha estimado un plazo de ejecución de casi dos años desde que se inicien las obras. No obstante, contará con la ventaja de que la Junta se la cederá con proyecto, licencia de obras y calificación provisional de las viviendas.