La Junta pone en marcha sus medidas para resucitar la VPO

La subida de los precios de la vivienda protegida fue solicitada el año pasado por Fadeco Promotores, la federación regional de las empresas del sector inmobiliario, dirigida por el malagueño Ignacio Peinado, y otras asociaciones de empresarios similares a nivel provincial a la Consejería de Fomento que preside Rocío Díaz. Para compensar la subida de los costes de la construcción un 25% en los últimos años, los empresarios plantearon inicialmente que el precio de la VPO se incrementara en torno a un 15%, porcentaje que posteriormente elevaron al 20%. Además, propusieron establecer un mecanismo para que el precio de la VPO pueda revisarse anualmente en función del IPC como sucede en Cataluña.

De igual modo, solicitaron que se revisen los topes salariales para acceder a una vivienda protegida, de forma que más familias de clase media puedan adquirirlas sin verse limitadas porque sus ingresos exceden lo permitido. Para ello, pidieron que el límite actual de 5,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) para las viviendas públicas a precio limitado se incremente al 7. En la Comunidad de Madrid, el tope salarial ya está a 7,5 veces el IPREM.

Esas reivindicaciones han sido estudiadas en profundidad durante los últimos meses por el equipo de la Consejería de Fomento y han quedado plasmadas en un decreto que este martes verá la luz y que, según ha podido conocer SUR, viene a recoger la aplicación del grueso de las demandas de los promotores, aunque con algunos matices que se darán a conocer al término del Consejo de Gobierno.

En cualquier caso, ya está sobre la mesa este paso de la Junta para procurar que la iniciativa privada vuelva a acercarse al mercado de las VPO. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes en Madrid, en el marco del Foro GO 'Generación de oportunidades' que organiza Europa Press, la aprobación del decreto de simplificación, que incluye la subida de los precios de la VPO.

Esta medida llega como agua de mayo en el caso de la capital, cuyo Ayuntamiento prevé poner en el mercado este año suelos para la construcción de un total de 1.168 nuevas viviendas protegidas en régimen de propiedad en el entorno de Intelhorce. En concreto, serán siete parcelas para 562 VPO en la zona de Cortijo Merino (los suelos que ocupó la fábrica de Amoniaco), y para 606 pisos protegidos en seis parcelas del nuevo barrio de Distrito Zeta. La Sociedad Municipal de Viviendas subastará estos suelos, valorados en 25 millones de euros, para que sean promotores privados los que construyan estas viviendas, de las que el 15% pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento y el resto quedarán en manos de las promotoras.

El interés de estas por adquirir estos suelos va a depender en gran medida de que les resulten rentables económicamente y, para ello, la subida de los módulos de los precios de la VPO que ha preparado la Junta puede facilitar que les parezcan atractivos. En las últimas ofertas de parcelas para construir pisos a precio limitado que han lanzado el Ayuntamiento de la capital y la Junta han sido muy pocas las empresas que se han presentado (en algunas convocatorias tan solo una), y en algunos casos han quedado desiertas.

Por otra parte, una de las reivindicaciones que los promotores han reiterado más en los últimos años es la necesidad de que se agilicen los trámites administrativos para la urbanización de los suelos que están reservados para la VPO. En el vigente Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la capital hay delimitados terrenos que harían posible la construcción de 15.000 viviendas de esta tipología en Málaga. Sin embargo, el desarrollo de muchos de estos proyectos se ve lastrado por la burocracia durante años.

Juanma Moreno ha anunciado este lunes que otra de las medidas del decreto es crear un procedimiento simplificado de evaluación ambiental para la tramitación de proyectos urbanísticos que va a reducir a la mitad los plazos actuales. «Calculamos que el 40% de los expedientes van a poder pasar por ese procedimiento simplificado. Así, atendemos una de las quejas permanentes de los empresarios, la lentitud de los trámites ambientales», ha señalado el presidente de la Junta.