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Miércoles, 27 de febrero 2019, 15:11
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La Consejería de Fomento tendrá que pagar a dos constructoras 1,1 millones de euros por obras que el anterior Gobierno socialista adjudicó y contrató, pero que nunca empezaron, según ha revelado la consejera de Fomento, Marifrán Carazo.
La primera es el Vial Distribuidor Metropolitano, una actuación complementaria a la Hiperronda, que se adjudicó a la UTE Conacon/Sando por un importe de 37,5 millones de euros, el 30 de septiembre de 2009 y que tendrá un importe estimado de extinción de 635.000 euros.
La segunda es la prolongación de la autovía del Guadalhorce (A-357) entre los enlaces de Casapalma y de Cerralba, por un importe de 28,3 millones, que fueron adjudicadas el 29 de enero de 2010 y tampoco empezaron. El coste estimado de extinción es de 480.000 euros.
El conjunto de todos los proyectos no iniciados o paralizados afecta a 239 expedientes en Andalucía, de los que 161 son de la Dirección General de Infraestructuras; y 78 de la de Movilidad, con un importe de 139,60 millones de euros, y corresponden a contratos adjudicados (algunos de hace más de una década) no iniciados o suspendidos en ejecución y cuya resolución contractual implica necesidades presupuestarias adicionales. De hecho, para que se puedan resolver y cerrar se necesitan al menos 4,5 millones de euros, al objeto de cubrir las indemnizaciones de las empresas afectadas. Si no se liberan no se podrá seguir contratando en estos mismos epígrafes, según la consejera, que llegó a afirmar que su departamento está «hipotecado» por este legado.
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