La Junta incluye Campillos y Teba entre las zonas con riesgo de inundación en Andalucía

La tromba del pasado octubre provocó cuantiosos daños en Campillos./Ñito Salas
La tromba del pasado octubre provocó cuantiosos daños en Campillos. / Ñito Salas

El Gobierno andaluz inicia el expediente para revisar los mapas de inundabilidad que activó hace cuatro años para toda la provincia

Jesús Hinojosa
JESÚS HINOJOSAMálaga

Hace ya cuatro años que la Junta de Andalucía provocó una convulsión en el panorama urbanístico con la tramitación de sus mapas de riesgo de inundación para toda la región que, en el caso de la provincia de Málaga, pusieron en alerta a ayuntamientos e inversores que vieron frenados algunos proyectos por la obligación de someterse a las restricciones y condiciones derivadas de aquel expediente, que fue ratificado por el Gobierno central hace tres años, en enero de 2016. El real decreto que regula desde 2010 la evaluación y gestión de los riesgos de inundación en el territorio nacional establece que deberán revisarse a más tardar el 22 de diciembre de 2018, y a continuación cada seis años. Y a ello se ha puesto manos a la obra el Gobierno andaluz, sacando a exposición pública un documento para la revisión y actualización de la evaluación del riesgo de inundación en toda la comunidad autónoma, incluidas las cuencas del territorio malagueño.

Entre las principales novedades de ese trabajo, que desde el pasado 28 de diciembre está expuesto en la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación delTerritorio para recabar alegaciones durante un plazo de tres meses, se encuentra la inclusión de nuevas áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs), que son las zonas del territorio en las que existe un elevado peligro de verse anegadas por inundaciones provocadas por la lluvia y el desbordamiento de ríos. Son en total 15 las nuevas áreas de este tipo que se han incluido en el primer documento de revisión de la inundabilidad, en el ámbito de las cuencas de las provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Almería que bañan las aguas del Mediterráneo. Y entre esas 15 nuevas zonas se encuentran dos de la provincia de Málaga que desgraciadamente fueron protagonistas en 2018 a raíz de las fuertes precipitaciones registradas el pasado mes de octubre: Campillos y Teba.

Estepona, Mijas y Marbella concentran los puntos con más siniestros desde 2005

El expediente del trabajo elaborado por la Consejería de Medio Ambiente recoge incluso recortes de prensa de las informaciones en las que aquellos días se relató la tragedia que vivieron los vecinos de esa zona del interior de la provincia en la madrugada y la mañana del domingo 21 de octubre. La mayor tromba que ha sufrido Málaga desde que existen registros históricos dejó tras de sí un bombero fallecido y miles de familias afectadas por las inundaciones, que todavía no han terminado de recuperarse de los daños.

Mil hectáreas

De ahí que la Junta haya optado por introducir Teba y Campillos entre las áreas calificadas como de elevado riesgo de inundación. Especialmente significativo es el caso de Campillos, municipio para el que se delimita una superficie de mil hectáreas, atravesadas por el arroyo del Rincón, que incluye todo el núcleo urbano de esta localidad, para la que se establece que el peligro de anegación amenaza la «salud humana, el patrimonio cultural, la actividad económica, infraestructuras y el medio ambiente».

Mucho más reducida es la superficie que se delimita para el caso del municipio de Teba, en el que el documento de revisión del riesgo de inundación únicamente dibuja una superficie de 224.980 metros cuadrados junto al denominado río de la Venta, en la que se ubican las instalaciones de la sociedad cooperativa agrícola olivarera Nuestra Señora del Rosario.

La inclusión de ambos ámbitos entre las zonas con elevado riesgo de inundación de Andalucía supone, por un lado, situarlas en una posición preferente para beneficiarse de infraestructuras y actuaciones que contribuyan a reducir el peligro de inundación y, por otro someterlas a nuevas restricciones respecto al desarrollo de determinados proyectos urbanísticos, que van a quedar irremediablemente condicionados por la inundabilidad.

No obstante, para que ello sea así, todavía debe culminarse el procedimiento para revisar y actualizar los mapas de las zonas inundables, estableciendo las manchas o huellas de esa posible anegación, en función de exista una mayor o menor probabilidad de que sean invadidas por el agua. Este es un proceso posterior al primer paso que ha dado la Junta para delimitar las ASPSIs.

También se revisará el listado de obras a acometer por las administraciones públicas para reducir el riesgo de inundación, unas medidas que, en el caso de las aprobadas hace tres años, todavía no han pasado de los planos a la realidad pese a que los planes hidrológicos vigentes sitúan una primera etapa para su cumplimiento en el año 2021.

Según el estudio realizado ahora, Estepona, Alhaurín de la Torre, Mijas, Marbella y Manilva concentran los puntos de la provincia en los que se ha registrado un mayor número de siniestros –entre setecientos y mil– a consecuencia de inundaciones, entre los años 2005 y 2017.

Las medidas para reducir el riesgo en el Guadalhorce, todavía en el aire

Los documentos que fueron elaborados por la Junta de Andalucía y aprobados por el Gobierno central hace tres años para establecer el riesgo de inundación en las cuencas mediterráneas, incluidas las de la provincia, contienen un listado de medidas a acometer por las administraciones públicas para reducir el peligro de que estos suelos se vean anegados en momentos de fuertes lluvias. Sin embargo, ni una sola de esas intervenciones se ha materializado todavía para desesperación de los propietarios de parcelas, viviendas y empresas ubicadas en estos espacios, marcados por su condición de inundables.

Es el caso de los empresarios del entorno de la desembocadura del Guadalhorce, donde un buen número de inversiones se han visto frenadas por los mapas de inundabilidad, y otras han podido desbloquearse a condición de que sus promotores financien de su bolsillo medidas correctoras para un determinado ámbito, como la elevación del terreno. «En estos cuatro años no se ha hecho ni una sola medida correctora por parte de la Junta o del Gobierno. No se ha hecho nada, así que, si ese riesgo de inundación que nos marcó era real, sigue estando ahí; seguimos en la misma situación», expuso el presidente de la Asociación de Polígonos y Parques Industriales de Málaga (Apoma), Sergio Cuberos, quien criticó la pasividad de las administraciones en este asunto.

Pieza clave para reducir el riesgo de inundación en el entorno de la desembocadura del Guadalhorce es la sustitución del puente de la Azucarera por uno nuevo acorde con la capacidad del encauzamiento que se hizo años atrás de este tramo del río. El plan que redactó la Junta y refrendó el Gobierno tasó esta obra en 60 millones de euros y la atribuyó a la Administración central. Sin embargo, todavía no se ha puesto en marcha y no está claro cómo se va a llevar a cabo. A principios del año pasado, en una respuesta al diputado socialista Miguel Ángel Heredia, el Gobierno condicionó la sustitución del puente de la Azucarera a un estudio de prioridades que tardará dos años.

Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga y Junta trabajan conjuntamente en la búsqueda de una solución más económica para reducir el riesgo de inundación en la zona. Se trata de algunas intervenciones en el río a la altura de Cártama y de la posibilidad de aumentar la profundidad del cauce bajo el puente de la Azucarera para agrandar la capacidad de desagüe de sus ojos, entre otras medidas. En cualquier caso, lo que los empresarios de la zona quieren es que pasen de las palabras a los hechos. «Que el Ayuntamiento o la Junta coja la bandera para solucionar la inundabilidad», demandó Sergio Cuberos.