Inspectores denuncian agravios entre comunidades por la evaluación en ESO y Bachillerato

Esta Orden Ministerial evidencia la desigualdad administrativa, académica y educativa, así como ahonda la fractura ya de por sí existente en el sistema educativo, lo que certifica la «profundización de la desigualdad e inequidad educativa en España para este curso 2019/20», señala Javier Fernández Franco, secretario de la Unión Sindical de Inspectores de Educación y coordinador del informe. Esta normativa va a generar un mayor escenario de desigualdad y además provocará falta de tratamiento común al alumnado.

De acuerdo con este informe, de las 17 comunidades autónomas, 12 han regulado criterios de promoción y titulación en la ESO distintos a los tipificados en la norma básica. A esas 12, hay que sumarles las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. De esta manera, de un total aproximado de 1.975.358 alumnos matriculados en ESO en toda España, 397.608 de Andalucía, 84.575 de Castilla y León, 280.313 de la Comunidad de Madrid, 85.161 del País Vasco y 72.286 de Murcia, es decir 919.943 (46,6%), han sido calificados respetando lo fijado por la normativa básica; mientras que el resto, 1.133.350 (53,4%), lo han sido con criterios dispares y no comunes.

Por lo que respecta a Bachillerato, de las 17 comunidades autónomas, 11 han regulado criterios de promoción y titulación en Bachillerato distintos a los tipificados en la norma básica. A esas 11, hay que sumarles las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En lo concerniente al Bachillerato, de aproximadamente 610.586 alumnos matriculados en régimen ordinario (excluyendo del cómputo tanto a la modalidad de educación permanente de personas adultas como a distancia) en todo el Estado, 118.288 de Andalucía, 29.233 de Castilla y León, 95.285 de la Comunidad de Madrid, 93.010 de Cataluña, 29.375 del País Vasco y 22.673 de Murcia, es decir 387.864 (63,5%), han sido calificados respetando lo tipificado por la normativa básica; mientras que el resto, 222.722 (36,5%), lo han sido con criterios dispares, no homologados y no comunes.

Concluyen los autores del informe que la Orden Ministerial «certifica la desigualdad administrativa, académica y educativa, así como ahonda la fractura ya de por sí existente en el sistema educativo. Es cierto -añaden- que la personalísima cultura de la evaluación en una gran parte de los profesores en España tiene como efecto un tratamiento dispar y no homologado en los alumnos, lo que conlleva numerosas reclamaciones ante la Administración; lo grave es que este curso, además, la asimetría se perpetra con certificado de legalidad».

Para los inspectores de educación, obtener el mismo título o acceder a unos estudios con exigencias distintas dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se resida «es un agravio para miles de estudiantes a la hora de continuar su formación o acceder al mundo laboral, puesto que el disfrute de todos los derechos y el cumplimiento de todos los deberes deben tener los mismos requisitos. En parte, en eso reside la equidad y el tratamiento común al administrado en un estado social y derecho», concluyen.