Javier Imbroda: «Exigimos al Ministerio de Educación claridad en las normas para promoción y titulación de alumnos»

El consejero quiere, en primer lugar, transmitir «certidumbre y tranquilidad a las familias». Por esto, y para aclarar las dudas que generó la intervención de la ministra Isabel Celaá, asegura que no habrá aprobado general para los alumnos y, además, habrá evaluación final. «Un aprobado general sería tremendamente injusto, un menosprecio al trabajo de los docentes y de muchos estudiantes que siguen trabajando en estas condiciones excepcionales», señala el consejero, que siempre ha defendido la cultura del esfuerzo, todo lo contrario de un aprobado a todos los alumnos independientemente del trabajo realizado.

Y también habrá calificaciones finales. En este sentido, Javier Imbroda señala que la suspensión del curso se produjo cuando el segundo trimestre casi se había completado, a falta de dos semanas para las vacaciones de Semana Santa. Por tanto, los docentes cuentan con dos evaluaciones casi completas para calificar a sus alumnos. «Contamos con dos tercios del curso presenciales, y un tercio a distancia. Hay por tanto base suficiente para tener una evaluación final del trabajo del alumno». En cuanto a esta tercera evaluación, el consejero avanza, respecto a las instrucciones que se van a enviar a los centros, dos aspectos concretos: Los alumnos que estén trabajando a distancia podrán mejorar su nota, pero los que por cualquier motivo no hayan podido seguir las clases 'online' no se verán perjudicados por esta situación. «No queremos que ningún alumno se quede atrás. Pero si no puede avanzar, no se va a ver perjudicado», afirma. Una decisión que, en todo caso, tomarán los equipos docentes, a los que se pedirá flexibilidad en los criterios pero que, como hasta ahora, tendrán autonomía para adoptar las decisiones. Así, tendrá libertad para avanzar en el curso, si así lo estiman oportuno, o bien dedicar los dos meses que quedan a repasar y reforzar competencias. «Son ellos, los docentes, los equipos educativos y orientadores de los centros, los que mejor conocen y pueden valorar el trabajo y la evolución de sus alumnos», afirma.

Javier Imbroda, que se ha reunido varias veces esta semana con sindicatos y asociaciones de padres, directores e inspectores educativos, asegura que la comunidad educativa tiene «una única voz. Hemos trabajado unidos, hemos sido capaces de llevar a la conferencia sectorial de Educación una postura común desde Andalucía». Antes del miércoles hubo reuniones para consensuar esta postura, y el jueves comenzó otra ronda de contactos para coordinar las próximas instrucciones a los centros.

También sobre la reunión con la ministra, el consejero andaluz asegura compartir el enfoque y filosofía del documento que se les presentó, aunque considera que se deben concretar algunos aspectos. La Consejería de Educación considera necesario que el Ministerio fije criterios y procedimientos comunes a todo el Estado en lo referente a la promoción, titulación y permanencia en todas las enseñanzas. Pero al día siguiente de la reunión, es decir, el jueves, recibieron una comunicación del Ministerio pidiendo que manifestaran su conformidad o no con el documento. «Si no se clarifican estas cuestiones no podemos sumarnos al documento», afirma Imbroda.

«No cuestiono el fondo del documento, pero sí reclamamos una normativa común», aclara. Y es que si cada comunidad fija los criterios para promocionar, pero sobre todo para titular, se pueden dar situaciones de agravio y desigualdad, tanto entre comunidades como incluso dentro de una misma región.

La promoción (pasar de un curso a otro) no es tan problemática, pues los contenidos de este curso se pueden recuperar el próximo. Pero sí hay muchas más dudas en cuanto a la titulación (el título de Secundaria, Bachillerato o el de FP para los que terminan un ciclo Medio o Superior), porque es una competencia estatal, es el Estado el que regula los requisitos necesarios para que los alumnos obtengan un título, que tiene validez para todo el territorio nacional, e incluso para el extranjero. Si cada comunidad autónoma, como pretende el Ministerio, hace su propia regulación, puede que haya comunidades que otorguen el título con un número de suspensos diferente en cada territorio, o como sucede en Bachillerato, algunas mantenga el requisito de aprobar todo y otras lo den con algún suspenso. Una situación que, en opinión del consejero, «dará lugar a agravios y desigualdades».

Es más, llevada a sus extremos la propuesta de la ministra –que sean los equipos docentes los que decidan sobre la promoción y titulación–, podría darse el caso que centros de una misma localidad tengan criterios diferentes, «algo inadmisible», según Imbroda. Por esto, la Consejería trabaja ya en un borrador de instrucciones, que se pasará a los sindicatos y asociaciones. Con sus aportaciones, se elaborará el documento definitivo, que espera hacer llegar a los centros antes de final de la semana próxima.