«A gran velocidad y con desprecio para la vida»

El reloj se detuvo a las 16.15 del miércoles. A esa hora, las vidas de todos ellos se cruzaron en el punto kilométrico 225,150 de la autovía A-7 a su paso por Torremolinos. Según el atestado policial, al que ha tenido acceso SUR, Miguel golpeó por detrás con su Hyundai al Renault y, posteriormente, al taxi. El testimonio de Pedro da una idea de la velocidad a la que se produjo el impacto. «Sentí un golpe muy fuerte, miré por el retrovisor y vi la furgoneta (la Mercedes Vito) dando vueltas de campana», declaró a la Guardia Civil. Pedro paró su coche unos metros más adelante y, al bajarse, observó la furgoneta volcada sobre un costado en el asfalto y a varias personas tumbadas en el suelo. Eran los ocupantes del taxi de Juan. «Un coche blanco que venía desde mi izquierda me embistió en el lateral, a la altura de la rueda delantera. Después, mi vehículo se descontroló y empecé a escuchar los chillidos de los pasajeros», relató el profesional a los investigadores del Instituto Armado.

Juan trató de auxiliar a una de las pasajeras de su taxi, «la mayor de todos». Los otros cinco ocupantes habían salido despedidos de la Mercedes y yacían sobre el asfalto. Una de ellas, una joven de 30 años, natural de Bahrein, falleció en el acto. Las otras dos víctimas mortales del siniestro, una mujer kuwaití de 48 y un chico de 26, también de Bahrein, murieron esa misma noche en el hospital. Los otros tres turistas de la expedición, de 16, 18 y 40 años, de las mismas procedencias que los anteriores, continúan ingresados con lesiones graves.

Pedro vio de lejos a un hombre «saltando las dos vallas de la carretera para cruzar hacia los pinos». Era Miguel, que intentaba alejarse apresuradamente del lugar del accidente mientras, al parecer, hablaba por su teléfono móvil. Un conductor que había sido testigo del suceso comenzó a gritar para impedir que se marchase. Unos policías nacionales destinados en Cádiz, que estaban atrapados en el atasco que se formó tras el siniestro, se bajaron de su coche y lo persiguieron. Según declaró en la comandancia uno de esos agentes, Miguel le dijo, literalmente: «Soy compañero, yo no iba conduciendo, lo llevaba otro guardia civil. Yo no tengo nada que ver con el accidente». Al principio se resistió, y tuvo que forcejear con él para reducirlo con ayuda de un policía local de Benalmádena que también pasaba por allí. Miguel declaró en el juzgado que no sabía lo que hacía, que pretendía que lo pillara un coche porque en ese momento «sólo quería morirse».

El sargento dio 0,47 y 0,50 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en las dos pruebas que le hizo la Guardia Civil de Tráfico tras el siniestro, por lo que se le leyeron los derechos y quedó detenido. Más tarde, ya en la comandancia de Arroyo de los Ángeles, se sometió al Drug Test, que se utiliza para comprobar la ingesta de sustancias estupefacientes. Miguel dio positivo en cocaína. Él reconoció a la jueza que, cinco minutos antes de emprender el viaje desde Casariche, se paró en un bar y se bebió una jarra de cerveza con un pincho de tortilla. Pero juró por sus tres hijos que no se había drogado. Achacó el «falso positivo» a las tres coca-colas y el red-bull que tomó en la comandancia antes de que le hicieran la prueba del Drug Test.

El suboficial buscó en su declaración judicial una coartada sobre la dinámica del siniestro. Dijo que se le había cruzado un coche «gris» y que, al frenar y girar a la derecha, golpeó al Renault de Pedro, y a partir de ahí perdió el control. Los testigos identificados por la Guardia Civil de Tráfico desmienten su versión. Fueron los dos conductores que primero llamaron al 112, ya que presenciaron toda la secuencia. Los dos coincidieron en que fueron adelantados «a gran velocidad» por el Hyundai, quien al volver al carril derecho colisionó con el Renault. Uno de ellos es especialmente gráfico al detallar cómo se produjo el siniestro: «Yo circulaba por la A-7 en sentido Algeciras. El turismo blanco, el Hyundai, me adelantó a gran velocidad y, al retornar al carril derecho, golpeó a otro de color gris, un Renault Latitude. Acto seguido, el turismo blanco ha cruzado la zona excluida a la circulación, separadora de calzadas, y ha colisionado de nuevo con un taxi que circulaba por la calzada de la AP-7, en el carril izquierdo [...] El taxi volcó y vi como al menos tres personas salían despedidas». No obstante, los investigadores de la Guardia Civil de Tráfico realizarán en los próximos días, a partir de los testimonios de las víctimas, de los daños en los vehículos y de los vestigios hallados en la calzada, una reconstrucción minuciosa del siniestro.

En cualquier caso, Miguel aseguró a la jueza que no iba rápido, «como mucho a 120 kilómetros por hora, pero no fuerte», precisó. La magistrada, a la vista del contenido de su resolución, no lo creyó. Según el auto de prisión, que se apoya en las investigaciones policiales y los testimonios de los testigos, el sargento circulaba a gran velocidad, «realizando adelantamientos que ponían, y así lograron, en riesgo la vida de terceras personas, de tal modo que iba de un lado a otro de la calzada».

La jueza pone asimismo el acento en el consumo de alcohol y droga, que «alteran las facultades para la conducción», pero especialmente en la condición de sargento de la Benemérita. «Si ya los hechos descritos denotan gravedad, y un desprecio hacia la vida e integridad de los demás usuarios de la vía, el mayor desvalor parte de la condición de agente de la Guardia Civil del investigado, así como que, una vez producida la colisión, tuvo que ser frenado por policías, pues salió huyendo del lugar en vez de llamar a emergencias o tomar medidas de seguridad para las víctimas», critica, literalmente, la instructora del caso en el auto que redactó para enviarlo a prisión.

Inicialmente, le atribuye tres delitos de homicidio por imprudencia, siete de lesiones también por imprudencia (por cada uno de los heridos; cuatro de ellos iban en el taxi y los otros tres, en el Renault) y dos contra la seguridad vial, uno por la excesiva velocidad y el otro por circular bajo los efectos del alcohol y/o droga. La jueza justificó la medida de prisión por la gravedad de las penas, que en esta modalidad de homicidio imprudente irían de un máximo de 12 años de prisión a un mínimo de tres. Los dos delitos contra la seguridad vial pueden añadir otros cuatro años de prisión a una futura (e hipotética) condena, lo que, a juicio de la magistrada, supone un «riesgo» de que el investigado pueda intentar eludir la acción de la Justicia.

El atestado del caso también detalla el historial del sargento y algunas de las informaciones reservadas que le abrió la propia Guardia Civil a raíz de los incidentes que iba protagonizando. Desde 2010, acumula seis investigaciones internas, una sentencia por injurias, amenazas y maltrato de obra a un vecino de Tolox, y un juicio pendiente por otro accidente de tráfico en el que se le investiga por conducir bajo los efectos del alcohol, aunque se basa solo en sus síntomas, porque se marchó del lugar antes de que sus compañeros de Tráfico le hicieran la prueba.

En Tolox, muchos de los vecinos no guardan un buen recuerdo de él. Todo comenzó en 2013, cuando Miguel era el comandante de puesto y decidió regular el lanzamiento de cohetes y petardos durante la tradicional ‘cohetá’ que se lleva a cabo con motivo de las fiestas de San Roque. El sargento limitó dicha actividad pirotecnia a algunos puntos concretos del pueblo –cuando hasta entonces solían ir lanzándolos al paso de la procesión– y al parecer empezó a imponer multas. Aquello derivó en una letra de Carnaval que le dedicó un vecino y que, aunque no llegó a sonar, sí se distribuyó por el pueblo. Miguel le amenazó delante de su familia.