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Sevilla
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Jueves, 1 de enero 1970
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El Consejo de Ministros reunido hoy en Sevilla ha aprobado conceder la medalla al mérito civil con distintivo de oro al bombero de Antequera José Gil Gutiérrez fallecido en un accidente este pasado domingo cuando iba en auxilio de afectados por las lluvias torrenciales acaecidas en la zona norte de la provincia de Málaga. La ministra portavoz, Isabel Celaá, ha informado que todavía se está en fase de estudio la declaración de zona afectada por una emergencia de las comarcas de las provincias de Málaga y Sevilla en las que las lluvias torrenciales de este fin de semana causaron graves destrozos materiales y de infraestructuras. Esta declaración implicará la concesión de ayudas «necesarias y extraordinarias» para los afectados por las lluvias. Celaá se ha negado a dar una estimación de las ayudas que el Gobierno puede conceder a Andalucía porque esta comunidad está inmersa en un proceso electoral y el Gobierno no puede interferir en el mismo. Sí ha hablado de un informe del Ministerio de Administraciones Públicas sobre los daños sufridos por el temporal en Andalucía y en otras zonas del Levante sin especificar tampoco sus conclusiones. Ha añadido a las preguntas de los periodistas que la decisión de declarar o no zona catastrófica a Málaga tardará una semana.
El Consejo de Ministros también ha aprobado un real decreto ley para considerar como género prohibido «determinado tipo de embarcaciones náuticas», en alusión a las narcolanchas. El Gobierno había anunciado un proyecto de ley, pero ahora aprueba el decreto por la urgencia de «poner fin a un problema grave» ya que este tipo de embarcaciones rígidas alcanzan grandes velocidades y se han convertido en el nuevo vehículo de las mafias en las costas andaluzas para el tráfico ilegal de drogas y contrabando, además del tráfico de seres humanos por el transporte de migrantes del norte de Marruecos al litoral andaluz.
El Gobierno ha aprobado otro real decreto donde especifica el destino de 40 millones de euros en auxilio de las comunidades autónomas en la atención de menores inmigrantes no acompañados, una reivindicación de Andalucía durante este año. El decreto, ha aclarado Celaá, tiene como ámbito de aplicación este año de 2018.El Gobierno repartirá 38 millones de euros entre las comunidades en función del número de menores que cada una haya asumido. Otros dos millones serán para comunidades con un incremento estacional.
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