Tres mil policías y guardias civiles de Málaga se unen para exigir igualdad salarial

El asunto de la equiparación salarial, y en general las condiciones en las que trabajan policías y guardias civiles, se ha convertido en uno de los efectos colaterales de la crisis catalana. Las imágenes de los enfrentamientos de los agentes con la resistencia ciudadana, que trataba de impedir la retirada de las urnas durante el 1-O, dio paso a los vídeos de los escraches de grupos independentistas grabados por los propios agentes desde sus alojamientos en Pineda de Mar o Calella, mientras los antidisturbios alojados en el ‘Piolín’ denunciaban día sí, día también, el hacinamiento y las «pésimas» condiciones higiénicas y alimentarias que viven a bordo del barco habilitado por Interior para el despliegue contra el secesionismo.

Con este panorama como telón de fondo, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han intensificado sus protestas y, por primera vez, se han unido para decir «basta ya». «No es admisible que un mosso o un ertzaina recién salido de la academia gane en torno a 2.000 euros, un guardia civil, 1.350 y un policía, 1.400, cuando los tres desempeñan el mismo trabajo. Esos 650 euros de diferencia no tienen justificación alguna», se queja uno de los fundadores de Jusapol (Justicia Salarial Policial), una asociación «asindical y apolítica» que aglutina ya a la mitad de la plantilla (entre 60.000 y 70.000 policías y guardias civiles en toda España, de un total de 140.000). Prefieren mantener el anonimato porque, de hecho, acaban de proponer para expediente a uno de los integrantes. En Málaga, según sus portavoces, son unos 3.000 asociados, simpatizantes o integrantes de los grupos de WhatsApp y Telegram (2.000 policías y casi un millar de guardias, calculan, sobre una plantilla total de 5.088) que vertebran este movimiento policial.

El éxito sin precedentes de Jusapol contrasta con su juventud. La idea nació en enero durante los cambios de turno de los radiopatrullas (también conocidos como ‘zetas’) de la comisaría de Palencia. «Empezamos a comentar que llevábamos con el sueldo congelado desde el principio de la crisis y que, con tres trienios más, cobrábamos menos que en 2008. Entendíamos que no sólo había que pedir una subida respecto al IPC y el nivel de vida actual, sino que además lo justo es la equiparación con el resto de policías autonómicas. A uno se le ocurrió: ‘¿Por qué no creamos un petición en change.org?’ No sé cuántas firmas lleva ya, le perdí la pista cuando iba por 90.000...», detalla uno de los fundadores. Ayer superaba ya las 93.000 firmas.

La repercusión que tuvo aquella iniciativa les llevó a dar el siguiente paso. «Como tuvimos tanto apoyo, pensamos: ‘¿Por qué no creamos una asociación?’», añade el agente palentino. «A un compañero se le ocurrió el nombre, otro que tiene conocimientos de informática hizo el logo...». Y así fue como 14 radiopatrullas de Palencia crearon Jusapol, que se registró el pasado mes de mayo. «Si solo hubiera policías, seríamos un sindicato. Somos una asociación por el simple hecho de aglutinar a policías y guardias civiles, porque nuestra reivindicación es común», aclara otro de los fundadores. De hecho, sindicatos policiales y asociaciones de la Benemérita se han sumado a la plataforma, que tiene como uno de sus lemas el de «no hay siglas».

Su página web, www.jusapol.org, dispone de una pestaña donde asociarse facilitando tan sólo el nombre completo, DNI y dirección de correo electrónico, sin cuotas ni más requisitos. Pero la adhesión al movimiento policial que reivindica la equiparación salarial no surgió en Internet, sino en redes sociales y, sobre todo, en los servicios de mensajería instantánea. El germen creado por un puñado de agentes de los zetas de Palencia se extendió por toda España. «Actualmente, tenemos más de 200 grupos de WhatsApp, uno en cada comisaría de España, incluidos los distritos, y más de 70 en cuarteles y compañías de la Guardia Civil».

En Málaga, hay cinco grupos de whatsapp de policías nacionales solo en la capital, y uno por cada una de las comisarías locales. Uno de los portavoces de Jusapol en la provincia explica que los comienzos no fueron fáciles, porque el movimiento se edificó siempre a través de los servicios de mensajería: «Al principio existía cierta desconfianza por parte de los compañeros y muchos se salían de los grupos en cuanto los agregabas. Recelaban porque decían que detrás de toda la cadena podía haber un tío en Venezuela, por poner un ejemplo, pero ese miedo se rompió creando grupos pequeños, por comisarías, donde tú conoces perfectamente al portavoz porque trabaja contigo, y él a su vez tiene contacto con alguno de los fundadores. Ahora, en vez de salirse, los compañeros te piden por los pasillos que los agregues». No hay un administrador; en realidad, lo son todos los integrantes de los grupos, de manera que, a su vez, cada uno de ellos pueda añadir a más agentes.

Para canalizar la acción de las ‘células’ de Jusapol, se ha creado, por medio también del teléfono móvil, una estructura vertical para cada una de las líneas de trabajo de la asociación. Tienen, por ejemplo, un grupo de Whatsapp a nivel nacional que diseña la estrategia en redes sociales. No hay día que el ministro del Interior abra su cuenta de Twitter y no se encuentre con centenares de mensajes con menciones a Jusapol en respuesta a cada tuit que Juan Ignacio Zoido publica, «menos en los que recuerda a los agentes asesinados por ETA o en los que habla de desaparecidos o víctimas de delitos», aclara un miembro del grupo de redes.

La reivindicación de la asociación se centra en la equiparación salarial «desde ya» respecto a las policías autonómicas, sin meter en el mismo saco a las policías locales. «El problema con los cuerpos municipales es que hay de todo, desde ayuntamientos importantes, donde los agentes cobran 2.300 euros al mes, hasta los de pueblecitos pequeños donde apenas llegan a 1.200, por eso nos pareció una falta de respeto entrar en esas comparaciones», afirma un representante del colectivo.

No obstante, Jusapol ha presentado una iniciativa legislativa popular, que ahora necesita el respaldo de 500.000 firmas documentadas por el Congreso, para promover una proposición de ley que regule a todas las policías de España por igual, sean locales, autonómicas o nacionales. «Todos hacemos la misma labor», sentencia. El representante del Ejecutivo en la provincia, Miguel Briones, considera «lógico, razonable y de justicia social que, a igual trabajo, igual sueldo», aunque matizó: «Aunque me parecería justo que existiera esa regulación, lo cierto es que técnicamente lo veo muy complicado, porque podría entenderse como una injerencia del Estado en las competencias de las autonomías y los ayuntamientos».

De la mano de la crisis catalana, las reivindicaciones de Jusapol han entrado de lleno en el plano político y hay consenso respecto al fondo de la cuestión, pero no tanto en las formas. El subdelegado del Gobierno en Málaga ve precisamente el origen de esa desigualdad salarial en la transferencia de competencias en materia de seguridad a las autonomías, por lo que entiende que si bien hay posibilidad de intervención estatal en el asunto, «sigue existiendo un margen de maniobra muy grande para las autoridades locales». Briones añade: «Si nos ceñimos a la Policía Nacional y la Guardia Civil, veo claro que al menos eso se atienda ya y que se iguale al alza a ambos Cuerpos».

La diputada del PP por Málaga Carolina España achaca al Gobierno de Rodríguez Zapatero esa desigualdad entre ambas Fuerzas de Seguridad del Estado al otorgar a la policía unos complementos específicos que les hicieron desmarcarse de la Guardia Civil, y recuerda que ha sido el grupo popular quien presentó hace un par de semanas una proposición no de ley (PNL) para mostrar su apoyo a estos Cuerpos en su reinvindicación salarial y que se contemple la equiparación en los próximos Presupuestos Generales del Estado, para lo que pide el respaldo de los demás grupos políticos. «Aquí tenemos que arrimar todos el hombro», asevera España, quien avanza que la Secretaría de Estado de Interior ya ha hecho un informe «muy exhaustivo» sobre este asunto en el que se refleja que, «efectivamente, esas diferencias salariales existen».

El diputado socialista Miguel Ángel Heredia considera que el asunto de los sueldos «hay que abordarlo», pero reprocha al Ejecutivo que no quiera «firmar nada por escrito»: «Una PNL no es vinculante y un partido en el Gobierno no tiene por qué presentarla, porque precisamente para eso está en el Gobierno. En todo caso eso lo hace la oposición». Heredia se muestra muy crítico con la gestión de Mariano Rajoy durante estos seis años en los que «hay 15.000 efectivos menos entre Policía Nacional y Guardia Civil», además de las carencias de material (falta de chalecos antitrauma y antigüedad del parque móvil de coches patrullas) y la necesidad de inversión en cuarteles y comisarías.

Los representantes de Jusapol coinciden en que una proposición no de ley es «humo para callar a la ciudadanía, como ocurrió en las Olimpiadas de 1992» y anuncian que no van a parar hasta que vean las promesas «reflejadas en sus nóminas». De hecho, los fundadores de la asociación aseguran que están ultimando una demanda contra el Gobierno español por discriminación laboral –«estamos dispuestos a recurrir a la Justicia europea si hace falta», advierten– y mantienen el calendario de movilizaciones. La última concentración, el pasado día 27, congregó en Málaga a más de 400 policías. En la primera gran manifestación, convocada en Madrid, lograron reunir, según ellos, a cerca de 20.000 personas. La próxima está prevista también en la capital de España para el día 18. «Prevemos más del doble de participantes», insisten.

El diputado del grupo socialista, que está «absolutamente de acuerdo con la equiparación respecto a las policías autonómicas», pide al Gobierno que se siente a negociar –«contarán con nuestro apoyo si lo hacen», apostilla– para buscar una solución. Los sindicatos policiales, en unidad de acción, tenían previsto comparecer el próximo miércoles en el Congreso para exponer este asunto, pero el pasado jueves remitieron una carta declinando su participación ante la «ausencia de respuesta» del Ministerio del Interior, al que habían solicitado una reunión en la que iniciar las negociaciones para las mejoras salariales que reivindican.

El portavoz de Interior de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, propone una ley de remuneración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que sustituya a la 2/86, que considera obsoleta, en la que no solo se aborde la cuestión de salarios, sino también el actual modelo policial «para adaptarlo al siglo XXI». Asegura que ya han arrancado un compromiso del Gobierno para alcanzar la equiparación en un plazo de cinco años con un coste total, según los cálculos de la formación naranja, de unos 1.000 millones. «No queremos recogerlo como un acuerdo entre Ciudadanos y PP porque entendemos que, con ese plazo de tiempo, habría que dar seguridad jurídica al pacto a través del apoyo de los demás partidos, de manera que, sea quien sea quien gobierne, se saque adelante», advierte Gutiérrez.

Este periódico intentó conocer la postura respecto a esta reivindicación del diputado de Podemos por Málaga, Alberto Montero, pero no obtuvo respuesta.