La Costa del Sol, epicentro del 'boom' de los VTC con dos de cada tres licencias en Andalucía

Vehículos de turismo con conductor (VTC) estacionados en una campa de un polígono de la capital./SUR
Vehículos de turismo con conductor (VTC) estacionados en una campa de un polígono de la capital. / SUR

La concesión en los tribunales de licencias que fueron denegadas por la Junta continúa en la provincia, donde ya hay un VTC por cada dos taxis

Francisco Jiménez
FRANCISCO JIMÉNEZMálaga

Administraciones públicas y jueces deambulan por caminos radicalmente opuestos ante el auge que en los últimos años viene experimentando el negocio de los vehículos de turismo con conductor (VTC) bajo el paraguas de plataformas como Uber y Cabify. Mientras la Junta de Andalucía (encargada de conceder nuevas autorizaciones) lleva prácticamente una década rechazando todas las peticiones que les llegan, la inmensa mayoría de las que fueron denegadas entre 2009 y 2015 se están otorgando en los tribunales al amparo de la liberalización del sector que estuvo vigente en ese periodo. Ésta es la razón que explica el goteo continuo de licencias de VTC en grandes áreas metropolitanas como las de Madrid y Barcelona (en esta última Uber y Cabify han dejado de operar este mes por las limitaciones aprobadas por el Gobierno catalán), pero también de una forma más contundente en Málaga, que lleva tiempo situada a la cabeza de las provincias españolas con mayor competencia directa entre estos vehículos y el taxi.

El último boletín mensual publicado por el Ministerio de Fomento indica que en suelo malagueño hay vigentes 1.255 autorizaciones de VTC, sumando 71 de las 306 validadas en todo el país durante el mes pasado. En términos absolutos, Madrid y Barcelona se mantienen al frente con 6.632 y 2.284, respectivamente, pero si se compara con los 2.733 taxis que operan en la provincia según el Instituto Nacional de Estadística (las estadísticas de Fomento sólo contemplan los 2.664 que tienen autorización para prestar servicios interurbanos), Málaga es la que presenta la ratio más ajustada con 1 VTC por cada 2,1 taxis. O dicho de otra forma, la que se aleja más del 1/30 que marca como tope la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres a la hora de conceder nuevas autorizaciones.

El taxi malagueño, a la espera de la reunión de hoy con Fomento antes de plantearse posibles movilizaciones

Aunque al tratarse de autorizaciones autonómicas los VTC pueden moverse con plena libertad por cualquier rincón de Andalucía e incluso trabajar en el resto del país siempre que no superen el 20% de la facturación por trimestre (el taxi sólo puede recoger viajeros en el municipio donde tenga concedida la licencia con las únicas excepciones de aeropuertos y puertos siempre que lo hagan bajo precontratación), resulta sintomático el tirón de la Costa del Sol en este mercado al acaparar dos de cada tres licencias activas en territorio andaluz (1.255 de las 1.978). Los datos hablan por sí solos, y estos reflejan que en Sevilla únicamente hay 223 (1/11,2), seguida de las 125 de Granada (1/7,3), las 117 de Cádiz (1/10,3) o las 68 de Córdoba (1/10,5).

Un goteo continuo

Lejos de quedar ahí, ambos sectores coinciden en que el goteo de autorizaciones vía tribunales continuará en los próximos meses. Sólo en Málaga se espera que entren en el mercado cerca de otro millar. De confirmarse, los taxis seguirían siendo mayoría en la provincia, pero el escenario en la Costa del Sol, que es donde mayoritariamente concentran su actividad los VTC, sería prácticamente de 1/1, ya que en la franja comprendida entre la capital y Marbella hay 2.250 taxis.

En este contexto, el gremio del taxi da la batalla por perdida en los tribunales, pero sí que confía en la presión que vienen ejerciendo ante las administraciones les ponga freno. La primera medida la adoptó el Gobierno para desactivar una huelga el pasado verano y consiste en imponer la obligatoriedad, en un periodo máximo de cuatro años, de una licencia municipal que será necesaria para prestar servicio íntegramente en una determinada ciudad (sería complementaria a la actual, que sólo servirá para trayectos entre distintos municipios). La segunda la esperan por parte de la Junta de Andalucía, a la que el sector ha advertido que se planterá posibles movilizaciones si en la reunión prevista hoy en Sevilla con la Consejería de Fomento no se les pone sobre la mesa una batería de cambios legales para limitar la actividad de los VTC.

Distribución de licencias.
Distribución de licencias.

Unas reivindicaciones que pasan fundamentalmente por exigir que se obligue a contratar los servicios de empresas como Uber y Cabify con al menos una hora de antelación, que estos vehículos tengan que regresar a su base cuando no estén de servicio en lugar de seguir circulando o aguardar en el entorno de áreas de gran afluencia (aeropuerto, puerto, estaciones, hoteles o centros comerciales) a que les salga una carrera a través de la 'app', o que dejen de estar geolocalizados para que los usuarios no se decanten por estos coches porque estén más cerca.

Del mismo, también plantean otras medidas como reforzar los controles de los servicios precontratados en puertos y aeropuertos, colaborar en la formación de policías locales para mejorar los sistemas de detección y sanción ante posibles irregularidades y, como principal novedad, que mientras se aborda el marco regulatorio de los VTC se acometa un cambio normativo que posibilite al taxi a cobrar por plaza en cada viaje contratado por medio de una aplicación telemática.

El origen del desfase en la proporción entre taxis y VTC

El origen de este desfase está en la liberalización del sector aprobada por el último Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que en consonancia con la legislación europea eliminó la limitación del 1 VTC por cada 30 taxis entre 2009 y 2013, abriendo la puerta a numerosas autorizaciones. Presionado por el gremio del taxi, el posterior Ejecutivo del PP trató de ponerle freno en 2013 con un cambio legal, pero su desarrollo en forma de reglamento se demoró dos años, por lo que la vuelta a la ratio 1/30 no volvió a entrar en vigor hasta noviembre de 2015. Desde entonces, donde no se cumpla esa proporción no se pueden otorgar nuevas licencias, pero lo que no se está bloqueando es la activación vía judicial de las solicitadas anteriormente, cuando empresas y fondos de inversión vieron la oportunidad de negocio solicitando miles de licencias (la tasa administrativa es de 35 euros pero se llegan a vender por unos 50.000).

Ante tal proliferación, la Junta de Andalucía suspendió el otorgamiento de nuevas autorizaciones administrativas (1.881 entre diciembre de 2009 y noviembre de 2015 en toda la comunidad, aunque la mayoría correspondientes a Málaga), pero las concesiones han seguido llegando vía tribunales de forma escalonada.

 

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