Los cambios en Primaria, ESO y Bachillerato dividen a la comunidad educativa

Desde el sindicato CSIF, su responsable de Educación, Francisco González, se muestra «radicalmente en contra» de que las recuperaciones sean en junio, ya que «no hay certeza de que en dos semanas los alumnos puedan recuperar lo que en una evaluación continua han venido suspendiendo».

En este mismo sentido, FSIE, sindicato de la enseñanza concertada, indica que «existen serias dudas» entre los miembros de la comunidad educativa de que el cambio de los exámenes de septiembre a junio «pueda suponer una mejora para combatir el fracaso escolar», señala José Miguel Fernández. Por su parte, la Federación de Enseñanza de USO valora positivamente que se haya pasado a junio la convocatoria extraordinaria para 4.º y 2.º de Bachillerato, pues «comprendíamos los motivos expuestos en cuanto a los plazos de matriculación y poder de elección de las enseñanzas siguientes, ya fuese para acceder a la Formación Profesional o a la Universidad», señala su secretaria general en Andalucía, María de la Paz Agujetas. En el texto original del borrador de los decretos se contemplaba pasar las pruebas extraordinarias de septiembre a junio para todos los cursos de ESO y Bachillerato. «Mantener para los demás cursos de dichas enseñanzas las pruebas extraordinarias en septiembre ofrece más posibilidad al alumnado de recuperar lo que no había podido superar en las pruebas ordinarias de junio», señala.

María del Amo, secretaria provincial de ANPE, sí ve bien que se adelante la evaluación para Bachillerato, pero no en el caso de Secundaria, pues el alumnado «no dispondrá de tiempo para estudiar y recuperar».

Desde Comisiones Obreras, el secretario general de la Federación de Enseñanza de Andalucía, Diego Molina, recuerda que «el Consejo Escolar de Andalucía aprobó por unanimidad, a principios de este año, dictámenes sobre estos Decretos en los que la totalidad de la comunidad educativa (incluida la propia Administración), coincidió en la necesidad tanto de mantener los exámenes de septiembre en toda la Secundaria y Bachillerato, algo que los nuevos Decretos suprimen para 4.º de la ESO y 2.º de bachillerato, como de reducir de manera estable la ratio de las unidades escolares para mejorar la calidad de nuestra educación, una cuestión esta que se ignora en el nuevo texto».

La Federación Provincial de AMPA sí es partidaria del adelanto de la convocatoria extraordinaria. «La evaluación en septiembre solo beneficia al alumnado cuyas familias pueden costear refuerzos durante los meses de verano, que son las menos, y dificultaba enormemente el poder obtener plaza en FP y al no poder realizar la selectividad. A veces, con una única asignatura pendiente, tampoco podían obtener plaza en la carrera deseada», indica su portavoz, Pilar Triguero.

También el tema del segundo idioma extranjero suscita bastante debate. Para FSIE, que deje de ser obligatoria en primero de Bachillerato «hace necesaria una reflexión general relativa al tema del plurilingüismo, ya que asistimos a continuos pasos adelante y atrás por parte de las distintas administraciones educativas, que sitúan al profesorado en una difícil situación, pues han llevado a cabo una gran apuesta por la formación, financiada por sus propios medios, debido a que los docentes de los centros privados y concertados andaluces se encuentran en una situación de clara desventaja respecto a los de los centros públicos al no tener acceso a las actividades de formación para la adquisición del nivel competencial de B2 y C1 en las distintas lenguas, organizadas por la Consejería de Educación».

Desde ANPE aseguran no entender el motivo del cambio en Francés, que se queda con solo una hora en 5.º y 6.º de Primaria, cuando estaba previsto para los seis cursos. «Los profesores de francés se quedan como meros tutores de Primaria, cuando la implantación de este segundo idioma supuso el sacrificio de muchas plazas de Primaria y por tanto no entendemos ahora ese cambio».

Diego Molina se muestra preocupado por que «la falsamente llamada autonomía de los centros determine las cargas horarias de algunas asignaturas o los vaivenes que el estudio del segundo idioma extranjero sufre a lo largo de los distintos niveles educativos».

Otras cuestiones que no comparten desde ANPE es que Ciudadanía se pase de 5.º a 3.º de Primaria, pues «no tienen la madurez suficiente para asimilar determinados contenidos». Tampoco entienden por qué Cultura y Práctica Digital se ha quitado en sexto o el aumento de una hora más de Educación Física.

Molina critica, por su parte, que, en un estado aconfesional, en Andalucía se le siga dando un alto valor a la asignatura de Religión o que, con estos continuos cambios normativos «se dificulte la creación de equipos de profesorado estables, lo que perjudica los proyectos educativos que desarrollan los centros, afectando negativamente al rendimiento y al éxito de nuestros escolares».

Para que estas medidas tengan resultados, Pilar Triguero reclama «aumentar considerablemente la inversión en Educación, que serviría para mejorar la calidad y la inclusión para todo el alumnado». Según Francisco González, de CSIF, es necesario incrementar las plantillas docentes y bajar la ratio para cumplir con una atención individualizada y una adecuada atención a la diversidad. «No se trata de eliminar los programas de refuerzo que reciba el alumnado, sino de no sobrecargar al profesorado con este programa y de tener plantilla la suficiente para ello», indica.

Respecto a la repercusión que sobre el empleo puedan tener estos cambios, FSIE considera necesario que la Administración educativa establezca los mecanismos necesarios que permitan el mantenimiento del empleo de los profesionales de los centros concertados. «No es admisible que con cada cambio legislativo se produzcan despidos o modificaciones sustanciales en las jornadas de trabajo».