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El número de autopsias realizadas en la provincia de Málaga en 2024 en casos de muerte natural representó el 37%. Según un informe del Colegio de Médicos, el año cierra con un total de 638. El porcentaje ofrecido significa que 238 autopsias se han practicado ... en casos en los que no había sospecha de criminalidad alguna. Un hecho que ha llevado a la Consejería de Justicia a suscribir un nuevo protocolo de actuación con el SAS para intentar reducir el número de intervenciones en casos en los que carece de sentido.
Su objetivo, tal y como dice el redactado, es establecer «un sistema estable de cooperación que posibilite una ágil, eficaz y eficiente tramitación del destino que deba darse a los cadáveres producidos por muertes naturales no sospechosas de criminalidad ni de indicio de delito» en Andalucía.
La presentación de este convenio se realizó en la sede del Colegio de Médicos y contó con la presencia del presidente en funciones de esta institución, Pedro Navarro, la delegada de Justicia, Teresa Pardo, y el delegado de Salud, Carlos Bautista, entre otros. Navarro explicó que el acuerdo «establece un sistema de cooperación que representa una respuesta clara a las necesidades de médicos, forenses y, sobre todo, de las familias en un momento tan difícil como lo es la pérdida de un ser querido».
Recordó además que «su objetivo principal es agilizar, humanizar y optimizar la gestión de los certificados de defunción en casos de muertes naturales no sospechosas de criminalidad, reduciendo la excesiva judicialización y ahorrando sufrimientos innecesarios a las familias».
Por su parte, Pardo intervino para explicar el «sufrimiento que padecen las familias de las personas fallecidas por causa natural sin indicios de criminalidad debido a que la autopsia impide poder enterrarlos hasta pasados unos días». En el terreno profesional, el consejero de Salud destacó que gracias al convenio «los médicos van a disponer del teléfono del forense de guardia al que llamar en caso de duda. Es un soporte importante».
El convenio delimita las competencias de los médicos del SAS y de los forenses del IMLCF para emitir los certificados de defunción según las circunstancias de la muerte, fija los elementos a tener en cuenta por el facultativo para determinar la existencia o no de indicios de muerte violenta o sospechosa de criminalidad y establece un compromiso de actuación por parte del personal médico asistencial y de los forenses según el medio donde se haya producido la muerte: en el domicilio o en el medio hospitalario.
La novedad más destacable es que si el médico asistencial entiende que no puede emitir el certificado de defunción -por considerar que se trata de muerte judicial- habrá de emitir un informe que justifique los motivos, si bien cuando se le planteen dudas en el modo de proceder, podrá consultar con el médico forense de guardia para resolverlas. Para ello, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Málaga ha puesto a disposición de los facultativos malagueños los teléfonos de los forenses de guardia, que el Colegio de Médicos de Málaga ha hecho llegar a la colegiación para su conocimiento.
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