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Viernes, 9 de marzo 2018, 18:43
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La lacra de la violencia contra los profesionales de la sanidad sigue creciendo, pese a las campañas de sensibilización puestas en marcha. Málaga es la provincia andaluza en la que el año pasado hubo un mayor número de agresiones físicas, según ha denunciado el Sindicato de Enfermería (Satse). Así, se pasó de las 48 que hubo en 2016 a las 83 registradas en los centros sanitarios malagueños en 2017. El total de agresiones, tanto físicas como verbales, de la provincia de Málaga el año pasado fue de 221, lo que supuso un incremento de 34 respecto a las 187 que hubo en 2016, según datos ofrecidos por el Satse. De esa cifra, las agresiones verbales (insultos, coacciones o amenazas) fueron 138, una menos que en 2016.
Para hacer frente a esas actitudes violentas, el Satse ha puesto en marcha una campaña de sensibilización bajo el lema ‘#Stop agresiones. Nada justifica una agresión’ para concienciar sobre este grave problema, que está creciendo en los últimos años en Andalucía. Durante 2017 se registraron en la sanidad andaluza 1.115 agresiones, de ellas 285 físicas, un 38,35 por ciento más de este tipo que en el año anterior.
La campaña contempla la distribución de distinto material informativo en todos los centros sanitarios, en concreto en Andalucía en una primera tirada serán 6.000 carteles, 25.000 folletos y 27.300 pegatinas. También se difundirá a través de vídeos, redes sociales, medios ‘on line’ y medios de comunicación en general.
Las acciones previstas buscan sensibilizar a los ciudadanos sobre la necesidad de que se mantenga, en todo momento, una relación de respeto y confianza entre profesionales, pacientes y familiares, explica el Satse. Asimismo, se hace hincapié en que los problemas y carencias que pueden llegar a sufrir los usuarios no son responsabilidad del profesional, quien también los padece y que hace todo lo posible para que no se vea afectada la calidad de la atención sanitaria.
Entre otras medidas preventivas, el Sindicato de Enfermería destaca la importancia de aumentar la formación de los profesionales para afrontar situaciones conflictivas; desarrollar protocolos de actuación ante agresiones que no se queden en el papel o continuar con la implantación de actuaciones disuasorias, como la instalación de timbres en las plantas, así como investigar en cada caso qué ha podido generar que un ciudadano agreda a un profesional de mientras le atiende y le cuida.
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