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efe
Jueves, 6 de abril 2017, 10:36
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Uno de los mayores distribuidores ilegales de señal por IPTV (Televisión por IP-Internet) ha sido desmantelado y se ha detenido a ocho personas -seis en Málaga y uno en Bulgaria- por ofrecer ilícitamente cerca de mil canales de pago a través de dos Empresas Proveedoras de Servicios de Internet (ISP). Según ha informado hoy la Policía Nacional en una nota de prensa, la investigación comenzó con la denuncia de un representante de 'The Football Association Premier League' contra un ciudadano danés afincado en España, que era propietario de una ISP de las más importantes de Málaga, por la que se distribuía de manera ilícita la señal de TV a miles de clientes de la Unión Europea.
Durante las pesquisas se comprobó que esta empresa no era la única que ofrecía señal bajo las directrices del individuo danés, cuyas dotes tecnológicas y la capacidad de su mercantil y organización criminal permitían un servicio de alta calidad, ha informado la Policía Nacional. También se pudo constatar que poseía otro ISP ubicado en Silistra (Bulgaria), interconectado de manera continua con el de Málaga y con el que daba cobertura a otros países europeos.
Ambas empresas seguían el mismo "modus operandi", es decir, estaban legalmente establecidas de forma que aprovechaban sus capacidades para llevar a cabo el delito de forma paralela -gozaban de gran prestigio en el mundo de la distribución ilegal llegando incluso a elegir a qué clientes prestaban servicio.
Tras doce registros realizados simultáneamente en España y Bulgaria, se comprobó el delito de la señal, por lo que fueron desconectados y decomisados por orden judicial, así como se intervino numerosa documentación que incriminaba a los investigados en los hechos. La organización también controlaba otras mercantiles que dependían técnicamente de los ISP y se encargaban de proporcionar la señal al cliente final.
En la operación, que se ha saldado con seis personas detenidas en Málaga -seis de origen danés y otra sueco- han participado la Policía Nacional, Europol, Eurojust y la Fiscalía Especial contra la Criminalidad Informática.
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