Málaga, a la cola en obras de depuración pese a ser la que más aporta al canon de la Junta

Echando la vista atrás, el salto cualitativo y cuantitativo que Málaga experimentó durante la década pasada en materia de saneamiento fue más que significativo con la entrada en servicio de grandes depuradoras como las de Rincón de la Victoria (2002), Benalmádena (2007), Ronda (2007), Mijas-Fuengirola (2009) o, más recientemente Torrox (2011). Pero volviendo al presente la realidad deja bien a las claras que la provincia sigue teniendo graves carencias. Prueba de ello es que cuatro de las 17 poblaciones de más de 15.000 habitantes que figuran en la lista negra de la Comisión Europea para proponer una multa de al menos 46,5 millones de euros a España por falta de saneamiento están en Málaga (Estepona-San Pedro, Nerja, Coín y Alhaurín el Grande). Un déficit de infraestructuras que también reconoció la propia Junta de Andalucía en octubre de 2010 cuando en el ambicioso plan para alcanzar de una vez por todas el vertido cero de aguas residuales en toda la comunidad, la mayor partida (390,1 de un total de 1.766 millones) se gastaría en Málaga.

Pero eso fue hace seis años. A día de hoy, apenas se han acometido o contratado obras por valor de 11,6 millones de euros, por lo que el grado de ejecución de esta iniciativa apenas es del 2,97%. Se trata de la estación de Colmenar (en servicio desde hace un año) y las obras que están en marcha en Teba, Villanueva del Trabuco, Villanueva de Tapia y Cañete la Real, así como la redacción de los proyectos de Almogía, Carratraca, Casarabonela, Almargen, Teba, Sierra de Yeguas y Mollina.

Finalista y solidario

Este porcentaje sitúa a la provincia la tercera por la cola de Andalucía a pesar de ser la que más dinero aporta para financiar obras de depuración a través del canon de mejora que recauda el Ejecutivo autonómico en el recibo de agua: 145 millones de los 390,9 ingresados en las arcas andaluzas entre mayo de 2011 y el 30 de junio de 2016. Cierto es que se trata de un tributo autonómico y basado en el principio de solidaridad, de forma que el dinero que se recauda en un territorio no tiene por qué emplearse en ese mismo territorio, pero según un informe elaborado por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción y Obras Públicas (Ceacop) a través de la adjudicación de contratos de depuración y saneamiento publicados al cierre de 2015, Málaga se situaría como la sexta provincia en nivel de ejecución de las obras que fueron declaradas de interés comunitario.

El ranking lo encabeza Cádiz, donde el importe de trabajos adjudicados (27,1 millones) representa un 18% de los 150,8 en los que se cifró la inversión necesaria para completar el mapa del saneamiento en esta provincia. En unos niveles similares se encuentra Huelva (17,3% con 31 de 178,8 millones), seguida de Jaén (11,8%, con 19,3 millones de 164) y Almería (9,7%, con 21 de 217 millones). El panorama en Sevilla es ligeramente inferior al de Málaga (3,2%, con 5,9 de 185,5), mientras Granada y Córdoba son las peor paradas con un 1,35% (5 millones) y un 0,81% (869.227 euros), respectivamente. En el cómputo general, la Junta de Andalucía ha impulsado desde octubre de 2010 un centenar de actuaciones declaradas de interés comunitario por un importe de 117,7 millones de euros, lo que representa un 6,6% del total previsto.

El sector pide más información

«La situación es lamentable en toda Andalucía, pero lo que ocurre en Málaga se lleva la palma y clama al cielo porque el saneamiento es fundamental para una provincia que vive del turismo», advierte el presidente de Ceacop, Francisco Fernández, quien insta a la Junta a cumplir el mandato del Parlamento de publicar un balance de ejecución de todas las infraestructuras de saneamiento y depuración comprometidas en el acuerdo del Consejo de Gobierno de 2010 en el que se especifique el punto en el que se encuentra cada proyecto y cuánto se financia con cargo al canon de mejora contemplado en la Ley de Aguas.

En este sentido, el dirigente de esta patronal que aglutina a cerca de 300 constructoras e ingenierías dedicadas a la obra pública reclama que se invierta el dinero recaudado, que además es finalista y sólo se puede destinar a la construcción, ampliación y mejora de depuradoras y demás equipamientos necesarios para garantizar el ciclo integral del agua como estaciones de bombeo, colectores o emisarios.

Esta inacción fue llevada hace un año a los tribunales por Ceacop, la Federación Andaluza de Empresas de Construcción (Fadeco Contratistas) y la Asociación de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica), aunque un juzgado de Sevilla archivó la demanda porque aunque el objetivo de la Junta era lograr el vertido cero antes del 1 de enero de 2016, ni en el acuerdo del Consejo de Gobierno ni en la Ley de Aguas que recoge la creación del citado recargo se establece un horizonte temporal para ejecutar las obras.

«Para que haya correlación entre lo que se ingresa y lo que se invierte deberían adjudicarse al menos 300 millones de euros», señala Fernández, poniendo especial énfasis en la repercusión que estas inversiones tendrían en el empleo. No en vano, en el sector se calcula que por cada millón de euros que se destina a obra pública se generan 18 empleos directos y otros 40 indirectos. Extrapolando esta ratio a los 390,1 millones en los que se estimaron el medio centenar de obras para completar el mapa del saneamiento en la provincia, su ejecución supondría la creación de 7.000 puestos de trabajo directos y otros 15.600 indirectos.