Una empresa imputada en el ‘caso Edu’ pide ejercer la acusación particular contra la Junta

En el escrito de personación presentado en el Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, encargado de la investigación , al que ha tenido acceso este periódico, el Centro de Formación Profesional Feijo S. L. pide ejercer la acusación particular dado que se considera «perjudicado económicamente por la actuación delictiva de representantes de la Junta de Andalucía, autoridades o funcionarios públicos que resulten responsables de los hechos objeto del presente procedimiento». El juez ha dado traslado al fiscal del caso para que se pronuncie sobre la petición de personación.

El administrador único de este centro de formación, que impartió en 2011 dos cursos de formación de estructuras metálicas acogiéndose a la convocatoria de subvenciones del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) con compromiso de contratación y con una subvención de 131.000 euros, declaró ante el juez como imputado el pasado 5 de mayo. Durante su declaración dijo sentirse «engañado y estafado» por la Junta de Andalucía porque perdió dinero con los cursos y está prácticamente arruinado.

Sobre el primer curso, explicó que empezó en el mes de marzo y que sin embargo el primer pago no llegó hasta agosto. Además, insistió en que aún se le adeudan 65.000 euros, porque a él no le consta que sobre estos dos cursos se hayan iniciado expedientes de reintegro, pero tampoco se han liquidado.

El dueño del centro de formación explicó que tras 40 años trabajando en el negocio de las estructuras metálicas, y con la crisis económica afectando de manera considerable al sector, le aconsejaron convertirse en centro de formación. Para ello acometió una serie de cambios en la empresa, que le supusieron una inversión de su propio bolsillo, además de tener que sufragar la formación de algunos trabajadores que tuvieron que prepararse para poder ser formadores, porque tenían experiencia en estructuras metálicas, pero para impartir los módulos de formación.

Sobre el primer curso explicó que sí se practicó un control por parte de técnicos de la Junta, pero no así en el segundo, que calificó de «descontrol» pues nadie se presentó para verificar si se estaba impartiendo. Centro de Formación Feijo S. L. únicamente organizó estos dos cursos, pues su propietario, según declaró, desistió de solicitar más ante la falta de pago de los dos impartidos.

Respecto al compromiso de contratación de los alumnos declaró que en el primer curso se contrató al 60% de ellos, pero en el segundo no fue posible «por falta de trabajo».

Facturas

La investigación realizada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señala que esta empresa fue creada «con la única finalidad de la percepción de las subvenciones de formación». Asimismo, apunta al incumplimiento en el compromiso de contratación, puesto que los alumnos que fueron contratados no trabajaron de forma consecutiva durante seis meses.

En uno de estos atestados policiales, se precisa que entre los gastos imputados a la subvención se encuentran facturas de teléfono a nombre de otra empresa relacionada con el empresario, así como recibos de alquiler de aula a otra sociedad también con vinculación familiar. Algunos alumnos declararon a la UDEF que se quejaron a la Junta de «deficiencias» del curso, pero no recibieron respuesta.