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Ninguna de las 120.000 viviendas vacías de la provincia se acoge al plan andaluz de alquiler

Ninguna de las 120.000 viviendas vacías de la provincia se acoge al plan andaluz de alquiler

El programa de incentivos de la Junta para hacer aflorar pisos desocupados y arrendarlos a personas con ingresos limitados cumple un año sin captar a dueños ni a inquilinos

Francisco Jiménez

Domingo, 14 de diciembre 2014, 01:36

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El plan impulsado por la Junta de Andalucía para gestionar una bolsa de viviendas vacías para alquilárselas a personas con unos ingresos limitados acaba de cumplir un año. Y el panorama no puede ser más desalentador en todo el territorio andaluz en general y en el malagueño en particular. De momento, el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler (PIMA) no ha conseguido hacer aflorar ningún inmueble deshabitado de la provincia (se requiere un mínimo de tres meses sin ocupación). Y no será porque no hay. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, relativos al año 2011, de las 897.000 viviendas censadas en la provincia 120.000 estaban desocupadas, buena parte de ellas en manos de los bancos. Hablando únicamente de casas nuevas sin vender, las estadísticas oficiales que maneja el Ministerio de Fomento estiman que aún queda un stock de 15.000 viviendas, una cifra que otras fuentes como Analistas Económicos de Andalucía llega incluso a duplicar al sumarle, entre otras, las que se han quedado a medio hacer por culpa de la crisis.

Sea cual sea la metodología de cálculo, la realidad es que la iniciativa puesta en marcha por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) no ha calado ni entre los propietarios ni entre los potenciales inquilinos, ya que únicamente hay 68 personas que han solicitado su inclusión en esta iniciativa (solo en la capital hay 7.390 familias inscritas como demandantes de una vivienda protegida).

Ni se han alquilado en el último año ni parece que vayan a serlo a corto plazo. Aunque el organismo dependiente de la Consejería de Fomento preveía suscribir contratos de arrendamiento para 1.500 viviendas en este periodo (375 en 2013 y 1.125 en 2014), en toda Andalucía se han presentado únicamente 75, según los datos facilitados por la propia Agencia de Vivienda. Actualmente, en la web del programa solo hay 33 ofertadas (20 en la provincia de Córdoba, cinco en la de Sevilla, cuatro en la de Granada, tres en la de Almería y una en Cádiz).

Todo ello, a pesar de los incentivos que se ofrecen al propietario. El primero es que, aunque se persigue que el alquiler sea asequible a inquilinos que se hayan inscrito en los registros municipales de demandantes de vivienda protegida, tampoco se tiran los precios puesto que se puede llegar a un máximo de 600 euros al mes, una renta muy cercana a lo que suele costar en el mercado libre. Además, se ofrece al arrendador un seguro gratuito de un año, prorrogable por otro más, que cubre el impago de hasta nueve mensualidades, así como otro multirriesgo del hogar con cobertura de daños materiales, actos vandálicos, responsabilidad jurídica del asegurado y asistencia de hogar por idéntico periodo. Para poder optar a estas pólizas, la unidad familiar deberá acreditar unos ingresos netos mínimos de 10.000 euros anuales y poseer una fuente regular de ingresos que demuestre su capacidad económica para asumir la renta pactada. Para ponérselo más fácil al dueño, la Junta también se hace cargo de la certificación energética si el inmueble no lo posee.

Entidades colaboradoras

Igualmente, tampoco se obliga al propietario a mantener el alquiler un tiempo determinado, ya que la duración del contrato será la que acuerden arrendador y arrendatario, puesto que el papel de la Junta es el de mero intermediario. Un rol que delega en distintas entidades colaboradoras tanto privadas (agencias de fomento del alquiler debidamente homologadas) como públicas (organismos municipales con competencias en materia de vivienda), que son las encargadas de difundir el programa, captar las viviendas, tramitar con el propietario su inclusión en la bolsa, mostrarlas a las personas interesadas, formalizar los contratos y gestionar las pólizas de seguros. En concepto de comisión, estas entidades podrán recibir, como máximo, una mensualidad del alquiler que corresponderá aportar al arrendador, nunca al inquilino. En el caso de Málaga, sólo hay seis agentes colaboradores, todos ellos inmobiliarias. Hay un séptimo que sí sería público, pero es la propia Junta.

Si el plan de intermediación no ha permitido dar uso a ningún piso vacío, la misma suerte ha corrido el programa paralelo puesto en marcha también por el Ejecutivo autonómico que persigue la cesión de viviendas a entes públicos para el alquiler. En este plan, el objetivo es captar inmuebles deshabitados para incrementar el parque público de viviendas en arrendamiento a personas con escasos recursos económicos, especialmente para aquellas familias que se encuentren en situación de emergencia o riesgo de exclusión social. En este caso, la contraprestación para el propietario del inmueble será de un máximo de 5.760 euros anuales (480 euros al mes).

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