Más de la mitad de empresas apuntadas al plan de ayudas a la construcción aún no han cobrado

José Díaz, dueño de la empresa de cerramientos Diplast, ha escrito con rotulador el prefijo in sobre la palabra sostenible en el cartel del Plan de Impulso a la Construcción Sostenible que hay pegado en su puerta. Un gesto de rebelión contra una iniciativa que fue diseñada para ayudar a remontar la crisis a compañías como la suya, pero que hoy va camino de costarle «la ruina y la salud». 100.000 euros tiene pendiente de cobrar de la Junta de Andalucía después de realizar más de cuarenta trabajos para clientes que cambiaron las ventanas de sus casas al abrigo de subvenciones autonómicas. Cuatro meses después de poner el último cristal sólo le han pagado siete encargos, cuando el plazo de resolución de expedientes que marcó la Agencia Andaluza de la Energía era de treinta días.

Como en el caso de Diplast, decenas de empresas malagueñas (la mayoría dedicadas a las ventanas, la carpintería metálica o las pequeñas reformas) tienen aún pendiente el cobro de las subvenciones que adelantaron a los destinatarios finales de estos incentivos: familias, comunidades de vecinos, empresas o instituciones que han acometido reformas en viviendas o edificios al objeto de reducir su consumo energético. El sistema que seguía el Plan de Impulso a la Construcción Sostenible era el siguiente: el cliente interesado en ejecutar alguna actuación susceptible de ser subvencionada acudía a una empresa adherida al programa, que se encargaba de tramitar la solicitud del incentivo. El usuario sólo tenía que pagar el porcentaje no subvencionado del precio: en el caso de las ventanas, sólo un 30%, ya que la subvención era del 70%. Una vez tramitada la subvención, la Junta le abonaba la diferencia a la empresa.

El problema ha surgido en el tortuoso camino de la tramitación de los incentivos. La directora gerente de la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), Natalia González, reconoce que de las 4.572 solicitudes recibidas en la provincia para actuaciones inferiores a 18.000 euros (que representan el 98% del total), sólo se han resuelto y pagado el 42,5%. Eso quiere decir que un 57,5% de los incentivos, es decir, 2.629, siguen pendientes de pago. El motivo de este retraso es, según González, que han surgido «muchas incidencias en la tramitación» porque las empresas «no presentan correctamente toda la documentación requerida». De hecho, asegura que el 30% de los expedientes están en periodo de subsanación de errores.

Subsanaciones

La abundante y prolija documentación que exigen las bases de esta convocatoria de subvenciones, financiadas con dinero europeo, se está convirtiendo en un cuello de botella en el que han quedado atascadas la mayoría de empresas participantes. Varias de ellas consultadas por este periódico muestran su frustración por encadenar ya hasta cuatro subsanaciones seguidas sobre el mismo documento. «Da la sensación de que lo hacen para marearnos y dilatar el plazo de pago», apunta Juan Jesús Martín, director de Anelair, una firma de soluciones de ahorro energético, que ha realizado unos treinta trabajos para este programa y sólo ha conseguido cobrar cinco hasta ahora. Otro empresario que prefiere no revelar su nombre se queja de la excesiva tardanza de la Agencia para responder a cada subsanación. «Pasa un mes desde que mandas el papel y te contestan, y eso que se hace todo de forma telemática», afirma.

La directora de la AAE reconoce que el papeleo que conllevan estos incentivos puede considerarse excesivo, pero alega que la Junta tiene que plegarse «a las instrucciones de la UE», puesto que el Plan de Impulso a la Construcción Sostenible se ha nutrido de fondos comunitarios y los verificadores europeos «están vigilando el cumplimiento de las bases». «Yo no puedo pagar una subvención si me falta un papel, estaría incumpliendo la ley», resume Natalia González, que admite que es probable que parte de las subvenciones se queden sin pagar porque los empresarios no sean capaces de encontrar la documentación exigida. La directora gerente de esta institución autonómica advierte además de que se han dado «muchas oportunidades de subsanación de errores», pero que los plazos no pueden prolongarse mucho más. «Me gustaría que para final de año el máximo número posible de solicitudes estuviera ya resuelto, para bien o para mal... Espero que sea para bien», afirma.

Parte del problema, según los empresarios, es que la tramitación de las subvenciones se está haciendo íntegramente a través de una plataforma virtual y cuando llaman a la Agencia para resolver dudas, nadie atiende el teléfono. González se defiende: «Estamos canalizando la atención al usuario por vía telemática: hemos respondido más de cinco mil consultas vía email, y hemos reforzado personal, pero además hemos acudido ya varias veces a Málaga para reunirnos con los afectados y atender las cuestiones que nos han planteado».

El coste de los materiales

Los empresarios recuerdan que a lo largo de estos meses no sólo han soportado la mayor parte del coste de los materiales y la mano de obra de los trabajos realizados (el porcentaje subvencionado va del 40 al 90%), sino que han tenido que pagar por adelantado el IVA de estas ventas. En muchos casos, la cadena de impagos ha llegado a su vez a sus proveedores. Y tienen un descontento añadido: como la Junta ha anunciado que habrá un segundo plan de ayudas a la construcción (sin especificar cuándo), sus negocios se han quedado sin clientes, pues como explica José Díaz, «la gente prefiere esperar a la próxima convocatoria de subvenciones». «Hicieron este plan para ayudarnos y van camino de hundirnos», concluye.