Hacienda peina urbanizaciones y diseminados en busca de viviendas y reformas no declaradas

Vista aérea de una zona residencial de Marbella, uno de los municipios incluidos en este plan de regularización catastral. /
Vista aérea de una zona residencial de Marbella, uno de los municipios incluidos en este plan de regularización catastral.

La Dirección del Catastro incluye a 28 municipios de la provincia en la primera fase de su plan de regularización para combatir el fraude fiscal y aumentar la recaudación

FRANCISCO JIMÉNEZMálaga

El fisco quiere hacer aflorar todas las construcciones de nueva planta, reformas o cambios de uso de inmuebles que, independientemente de si cuentan o no con licencia de obras, no han sido declarados ni por sus propietarios ni por el ayuntamiento de turno para su inscripción en el Catastro. Esa casa de apero en el campo reconvertida en chalet de lujo, esa finca familiar en la que los hijos han levantado sus casas junto a la de sus padres, esa balsa de riego transformada en una piscina, esa ampliación de la casa para ganarle unos metros al patio trasero o ese ático cuya terraza ha sido cerrada para sumar otra habitación son algunas de las alteraciones que el Ministerio de Hacienda está rastreando en el marco del plan de regularización catastral que entró en vigor en 2013 y se aplicará hasta 2016 para combatir el fraude fiscal y, de paso, aumentar la recaudación en las arcas públicas. No en vano, a mayor valor catastral más se paga en impuestos municipales como el IBI y las plusvalías, autonómicos como el de sucesiones y transmisiones, y estatales como el de la renta (IRPF) o sobre el patrimonio.

el plan de regularización catastral

28 municipios de la provincia están incluidos en la primera fase de este procedimiento. Los recogidos hasta la fecha en las resoluciones del Catastro publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) son Alfarnate, Alfarnatejo, Algarrobo, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Álora, Benalmádena, Cártama, Casabermeja, Casares, Coín, Colmenar, Comares, Estepona, Fuengirola, Manilva, Marbella, Mijas, Mollina, Periana, Pizarra, Riogordo, Torremolinos, Málaga, Valle de Abdalajís, Vélez y Villanueva de la Concepción.

¿Qué se persigue? Hacer aflorar nuevas construcciones o alteraciones (rehabilitaciones o reformas de calado) en inmuebles ya existentes que no hayan sido declaradas a la Dirección General del Catastro, con el objetivo de combatir esta modalidad de fraude fiscal. Además, también permitirá aumentar la recaudación tributaria.

¿Cómo y cuándo serán las inspecciones? Durante los próximos meses se cotejarán las ortofotos que figuran en los registro de la Dirección General del Catastro con las imágenes aéreas que se tomarán desde aviones y por satélite para ver las alteraciones sufridas. También se harán visitas de inspectores a inmuebles sospechosos. El plan de regularización se extiende hasta 2016, por lo que se espera que la lista de municipios incluidos se amplíe considerablemente.

60 euros es la tasa que deberá abonar el titular de cada inmueble aflorado para su regularización en el catastro. No conllevará sanción, pero sí se ajustará su recibo a los valores actuales en el próximo ejercicio y los pasados que no hayan prescrito (cuatro años atrás).

Usos fiscales del catastro inmobiliario. El valor catastral se utiliza para fijar la cuota en tributos municipales como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y las plusvalías (Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana); autonómicos como el de Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales; y estatales como el de la renta (IRPF) y sobre el Patrimonio.

Este procedimiento de regularización catastral, abarcable a todo el territorio nacional salvo País Vasco y Navarra por estar delegadas las competencias en los gobiernos autonómicos, pondrá especial foco en zonas costeras con grandes urbanizaciones y diseminados donde esté muy presente la autoconstrucción. Dos requisitos que cumple a la perfección la provincia de Málaga. De momento, son ya 28 los municipios que la Dirección General del Catastro tiene previsto peinar en una primera fase para cotejar si la descripción del inmueble que figura en sus registros coincide con la realidad inmobiliaria, aunque fuentes de este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ya advierten de que de aquí a 2016 la lista se ampliará considerablemente ya que son muchos los ayuntamientos interesados en sumarse a esta iniciativa.

En esta primera tanda, la franja litoral está prácticamente al completo con Manilva, Casares, Estepona, Marbella, Mijas, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Málaga, Vélez y Algarrobo, además de localidades del área metropolitana (Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Coín, Cártama, Álora y Pizarra) y de la alta Axarquía (Alfarnate, Alfarnatejo, Riogordo, Colmenar y Periana). Mediante fotos aéreas (tanto desde aviones como tomadas por satélite) e incluso con visitas de inspectores sobre el terreno, se pretende conseguir durante los próximos meses una imagen fiel de la situación actual de cada territorio y cazar a quienes no han cumplido con su obligación (recogida en la Ley del Catastro Inmobiliario) de declarar de forma completa y correcta las altas de nuevos inmuebles o las modificaciones realizadas en los ya existentes (económicas, físicas o de titularidad).

Actualización del recibo

Desde Hacienda alegan al «si pagamos todos, pagamos menos» y a que es de «justicia» que todos los contribuyentes cumplan para rechazar que este plan se tilde de catastrazo y que detrás de su puesta en marcha haya un afán recaudatorio. En cualquier caso, para regularizar la situación de los inmuebles habrá que abonar una tasa de 60 euros. En cuanto a los impuestos, la actuación culmina con la asignación de un valor catastral al bien inmueble aflorado y una fecha de efecto, una información que se incorporará al padrón inmobiliario del municipio para que el incremento de la cuota sea efectivo en el próximo ejercicio. Además, el propietario también deberá ponerse al día con el fisco por lo que ha dejado de pagar en el pasado, al menos durante los últimos cuatro años, ya que más allá de ese periodo se considera prescrito.

En este punto, en Hacienda remarcan que en este procedimiento no se contemplan la imposición de sanciones catastrales ni tampoco multar las obras ilegales, cuestión esta última que compete a los ayuntamientos y a los gobiernos autonómicos, incidiendo en que de lo que se trata es de «luchar contra el fraude para aflorar inmuebles que están disfrutando de los servicios públicos municipales a costa de los titulares de los que están correctamente declarados».

En este sentido, el Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) también aplaude esta campaña extraordinaria de inspección. «Es fundamental reducir el fraude existente sobre todo en el ámbito de la autoconstrucción», argumenta su secretario general, José María Mollinedo, quien aun así también pone el acento en la repercusión que esta actualización del catastro tendrá en los ingresos tributarios.