La Fiscalía abre diligencias para investigar el uso del cheque-libro que hacen los colegios del Obispado

Según señaló a SUR el presidente del colectivo, José Urbano, reclaman que se investigue el destino del dinero que obtienen los colegios tras aplicarles las editoriales descuentos por la adquisición del material. «Esos beneficios sólo pueden destinarse al mismo plan de gratuidad de libros de texto y no a otras actuaciones como la compra de pizarras digitales, por ejemplo», argumenta este empresario, que ha anunciado que la asociación está preparando otra denuncia contra estos centros y otros públicos por competencia desleal.

Según explicó el abogado de la asociación, José Antonio Martín, piden a la Fiscalía que investigue a los centros del Obispado por los posibles delitos de malversación de caudales públicos y defraudación a la administración pública.

Por su parte, la Fundación Diocesana de la Victoria respondió ayer a través de un comunicado en el que señalaron que, «al igual que otros muchos centros educativos», viene realizando desde hace años el servicio de venta de libros de texto «para los padres que así lo deseen», pero siempre «dentro de la legalidad vigente». Así, desde la Fundación aseguraron que cumplen con todos los requisitos legales porque la entidad está dada de alta como librería. Y recordaron que «en la gestión del cheque libro, los padres son libres para adquirir los materiales lectivos en la librería que mejor les convenga». Por eso, señalaron que les ha sorprendido la denuncia presentada por la Asociación de Papelerías de Málaga, al tiempo que se reservan el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas para «salvaguardar el honor y la imagen de la entidad».

La asociación ya puso este asunto en conocimiento de la Delegación de Educación hace varios meses. Ayer, al conocer que los empresarios han elevado el asunto a los tribunales, fuentes de la Delegación indicaron a SUR que no corresponde a la Consejería de Educación fiscalizar las posibles actividades comerciales de los centros educativos privados ni verificar si disponen de licencia para ello o no, competencias que se encuentran en manos de otros organismos.