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Juan Soto
Viernes, 5 de septiembre 2014, 01:00
Los acreedores de Aifos ya han informado al juez de que no se van a apoyar la propuesta planteada por la empresa para liquidar las deudas. Como era de esperar, ayer, día tope para presentar una plan alternativo, un grupo de compradores presentó ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de la capital un documento con cerca de 350 adhesiones y solicitó al juez un aplazamiento para seguir sumando nuevos respaldos. Sólo hay un pero: esas adhesiones no son suficientes para alcanzar el 20% exigido por la Ley Concursal.
El abogado Carlos Cómitre, portavoz de este grupo de compradores particulares, explicó que con esta propuesta pretenden salvar la empresa y cobrar la deuda, ya que de otra forma se les antoja muy complicado volver a disponer del dinero invertido. En la puerta de la Ciudad de la Justicia, explicó que las actuales circunstancias son diferentes a las planteadas cuando el grupo inmobiliario que tiene una deuda de 901 millones de euros entró en concurso de acreedores, el 22 de julio de 2009. De hecho, justificó la solicitud de aplazamiento en que tanto los particulares, como los proveedores y las entidades financieras les han pedido un plazo mayor. «Están pendientes de algunos datos para poder tomar una decisión justa, como es qué va a pasar con los contratos de la gente a la que no le han entregado las viviendas». Igualmente, consideró que «los textos definitivos no están actualizados y no se sabe cuál es la composición del pasivo para poder llevar a cabo una propuesta de convenio».
Cómitre, que pertenece al bufete Ley 57, recordó que su propuesta está avalada por cerca de 350 créditos, lo que supone una cantidad superior a los nueve millones de euros, «una cifra bastante elevada», aunque no suficiente. Este abogado consideró que el tratamiento que hace la ley concursal de estas familias es injusto, porque las considera como crédito ordinario y las relega a la última posición a la hora de cobrar. Por ello, en su escrito propone que los compradores puedan canjear la deuda por acaciones, para que la empresa pueda seguir adelante y tengan posibilidades de cobrar el dinero adeudado.
En el documento presentado ante el Juzgado de lo Mercantil plantean la posibilidad de transformar en capital parte del dinero adeudado convirtiéndolo en acciones, o bien hacer una quita del 20%, cobrar otro 20 y convertir el resto en un préstamo participativo ligado a la marcha de la empresa. Con ello, entiende que aumentarían las posibilidad de cobro, aunque sean a más largo plazo.
Junta de acreedores
En el horizonte queda ahora la junta de acreedores prevista para el 31 de octubre y en la que se deberían analizar tanto la propuesta de la empresa como la de estos acreedores particulares (si es que finalmente el juez amplía el plazo y llegan al 20%). Hasta esa fecha, las dos partes deberían seguir sumando apoyos hasta alcanzar el 50% del capital que les garantice la mayoría y permita salir del concurso. Si ninguna de ellas lo lograra, la sociedad sería liquidada.
La propuesta planteada por la empresa para las familias que adquirieron una vivienda que nunca se entregó pasa por devolverles sólo la mitad de su dinero, que además empezarían a cobrar dentro de nueve años. A los organismos públicos se les plantea empezar a reintegrar todo el montante (unos 50 millones) dentro de cinco años, hasta 2022, mientras que a los bancos, a los que adeuda unos 600 millones, les ofrece la posibilidad de cerrar acuerdos bilaterales para desarrollar las promociones proyectadas que quedaron en el alero.
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