Vox Málaga recrudece su batalla judicial contra la Zona de Bajas Emisiones y pide que sea nula de pleno derecho

La formación en la Casona ha presentado su escrito de conclusiones en el procedimiento judicial interpuesto contra el Ayuntamiento de Málaga. Según ha explicado el vicesecretario jurídico de VOX Málaga, Jesús Ruiz Ballesteros, el expediente del Ayuntamiento está plagado de errores, imprecisiones y defectos que deberían llevar a la Sala de lo Contencioso-Administrativo a declarar la nulidad de pleno derecho de la Ordenanza.

Los abogados del partido aseguran haber comprobado que el informe pericial económico presentado por el Ayuntamiento es deficiente y fraudulento. «No evalúa las consecuencias reales que la implantación de la ZBE traerá a los malagueños, y además presenta un defecto insubsanable: lo elaboró un jurista, no un economista. Aunque lo firman dos personas, el economista ha declarado que no es el autor. Eso convierte el documento en nulo y en un fraude procesal en toda regla», ha denunciado Ruiz Ballesteros. «Todo apunta a que el único objetivo es recaudar multas y fondos europeos, no mejorar el aire que respiramos», ha añadido.

El Grupo Municipal denuncia que el Ayuntamiento no ha ofrecido alternativas reales de transporte público antes de imponer la ZBE. En esa línea se ha pronunciado Antonio Alcázar, el portavoz: «El metro no cubre toda la ciudad, la red de autobuses es insuficiente y cara, y mientras tanto se coacciona a los ciudadanos eliminando su libertad de movimiento y desplazamiento».

Según Vox, el informe técnico medioambiental utilizado para justificar la ZBE carece de rigor científico, pues, según han criticado, el estudio se basó en solo 5 puntos de medición en un área de 400 hectáreas, durante un periodo de apenas cuatro meses (de diciembre de 2022 a marzo de 2023). «Además, el rediseño posterior de las estaciones de control dejó tres cabinas fuera del área de la ZBE, por lo que las mediciones resultan absolutamente insuficientes y sesgadas», han abundado.

«El informe no evalúa las consecuencias de desviar el tráfico hacia calles colindantes, ni demuestra un problema de contaminación real. Con estos datos, imponer restricciones al tráfico es un abuso injustificable», ha agregado Ruiz Ballesteros.

Desde un punto de vista más político, Vox considera que las ZBE son producto de una imposición ideológica. «No hay ninguna emergencia climática en Málaga. España, y menos aún nuestra ciudad, no emite gases que justifiquen cierres o restricciones. Estas medidas sólo se entienden como un intento de control social y recaudación», ha afirmado Alcázar».

La portavoz adjunta, Yolanda Gómez, se ha pronunciado en términos similares: «La Zona de Bajas Emisiones es una medida desproporcionada, injusta e ilegal, y no lo dice Vox, lo dicen los tribunales. Esta medida no es obligatoria, como afirman Partido Popular y Partido Socialista, ya que la directiva europea solo establece una recomendación para reducir emisiones, pero no impone su implantación».

«Tenemos precedentes en ciudades como Barcelona, donde el Tribunal Supremo ha anulado la ZBE al considerar que no se ha justificado y que se ha hecho una pobre ponderación de sus consecuencias. En Málaga ocurre lo mismo: ni el informe medioambiental ni el económico —que ni siquiera existe— avalan su implantación», ha concluido.

SUR se ha puesto en contacto con el Área de Movilidad para obtener una valoración al respecto, pero el Ayuntamiento prefiere por ahora no entrar en esta discusión de manera pública.