«Vamos a mejorar la transparencia para que cosas que han podido pasar no ocurran de nuevo»

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas, esta semana en su sede. /Francis Silva
El presidente del Colegio de Administradores de Fincas, esta semana en su sede. / Francis Silva

Alejandro Pestaña, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla

Ignacio Lillo
IGNACIO LILLOMálaga

Después de 35 años como colegiado, y tras ocupar diversos cargos, Alejandro Pestaña (61 años) se ha convertido en el presidente del Colegio de Administradores de Fincas. Lo hace en unas circunstancias excepcionales. El anterior dirigente, Fernando Pastor, dimitió tras la instrucción por parte del Consejo Andaluz de dos expedientes sancionadores en relación a su actividad profesional.

Las circunstancias del relevo no son las más habituales. ¿Cómo lo afronta?

–Es un reto, y el cambio ha sido bien recibido. Había que ofrecer a los colegiados una imagen de continuidad y de seguridad, y se ha hecho de forma que se mantuvieran los servicios, a ellos y a la sociedad. Hemos querido que no se produzca en ningún momento una discontinuidad. Las cosas que le pueden pasar a las personas en un colegio tienen que ser superadas por la propia actividad colegial.

Algunos colegiados nos transmiten falta de confianza porque han fallado los controles.

–No me consta ninguna contestación negativa por parte del Consejo Andaluz, el Consejo General, la administración pública, proveedores ni compañeros fuera de la junta de gobierno. Muchos colegiados han manifestado el apoyo al colegio y a que se hayan hecho las cosas sin traumas.

«Tenemos una leyenda negra por el cobro de comisiones, pero no hay que mirar tanto a los administradores, y más a las empresas que se prestan a eso», advierte

–¿Va a emprender el colegio algún tipo de acción contra el anterior presidente?

–En principio no hay nada más que los expedientes que ya se han conocido, el colegio ya los tiene y va a estudiarlos. Ahora tenemos nuestra comisión de deontología y la asesoría jurídica tiene que estudiar la situación actual de esos expedientes, porque con el tiempo las cosas pueden variar, y si hay alguna motivación para hacer otro tipo de investigación se tomarán las medidas oportunas. Pero lo primero es hacer las comprobaciones más exhaustivas.

Se convierte en presidente después de 35 años de trayectoria profesional, ¿qué retos afronta?

–Tenemos a la vista un congreso nacional en Málaga en 2020, que es como decir mañana. Es un reto que mantenemos con orgullo, somos el tercer colegio de España y se espera mucho de nosotros. Y, sobre todo, el hecho de darnos a la sociedad, que entienda que damos servicios continuamente, por ejemplo en el tema de la accesibilidad. Cada vez que se produce un cambio hay una reorganización, y vamos a mejorar los cauces, los dispositivos jurídicos y la transparencia para que cosas que han podido pasar no ocurran de nuevo; e incluso ante la sociedad y los medios de comunicación. Yo no soy centralizador, al contrario, entiendo que hay que repartir la responsabilidad entre los miembros de la junta de gobierno y potenciar las comisiones de trabajo. Hay mucha gente joven, yo soy el mayor con diferencia, una reliquia entre comillas (ríe). La gente ha visto otro estilo, otra forma de trabajar, mucho más tecnológica, más moderna, savia nueva. Quiero recuperar la ilusión perdida por la inercia.

«Tenemos que llegar al convencimiento de que el pago es una inversión que revaloriza su inmueble» morosidad

«Nos ven como gestores, pero no como asesores que proponen las medidas adecuadas en la comunidad» profesión

–¿El intrusismo sigue siendo uno de los principales problemas?

–Contra el intrusismo tenemos que potenciar la diferenciación del colegiado mediante la formación, de la que soy un vicioso. Tenemos que ser pioneros en temas como la seguridad de emergencias y catástrofes. Y existe una comisión de deontología que puede llegar a inhabilitar y sacar de la profesión a una persona, que da seguridad. Nos debemos a la sociedad, un colegio no puede ser una cueva cerrada. Tenemos una leyenda negra con el cobro de comisiones, pero mi experiencia de 35 años me dice que no hay que mirar tanto hacia los administradores, y más a las empresas que se prestan a eso. Tratamos con colectivos, y si uno hace algo que sea o parezca punible afecta a cien personas, por eso tenemos mala prensa. Pero no toda la responsabilidad es nuestra, algunas empresas ya no se dirigen al administrador sino al presidente de la comunidad. Como cualquier otra profesión tenemos que ser dignos y cobrar bien o cambiar de profesión, y sobre todo las personas con mayor proyección, las que nos representan, como la mujer del César.

–¿Siguen siendo los bancos los principales morosos?

–Siguen siendo los bancos, pero el problema es que no se les puede demandar porque el juez dice que hay voluntad de pago, y liquidan cuando hacen la venta o adjudicación del inmueble. Con la mejoría económica ese tema irá amortizándose. El problema con la morosidad normal es que todavía no hemos conseguido trasladar a los ciudadanos de a pie que pagar la comunidad no es un impuesto sino el mantenimiento del bien más preciado que tienen, y que lo que hay entre tu puerta y el portal es tan tuyo como lo demás. Encima, a veces las relaciones intracomunitarias no son tan buenas como deberían ser, porque elegimos con quien nos casamos, pero no los vecinos. Y cuando se enturbia hay quien se niega a pagar. Es un encabezonamiento tonto porque al final paga con costes añadidos. Tenemos que llegar al convencimiento de que se pueden hacer mejoras, porque es una inversión y revaloriza su inmueble. Hay que hacer mucho en cuanto a concienciación.

–¿Cómo le gustaría que se viera a los administradores?

–En las comunidades nos ven como gestores, pero todavía no como asesores. En un punto de las juntas de propietarios deberíamos hablar del futuro de la comunidad, de inversiones necesarias, planes de evacuación de incendios. Hacer sólo los números es muy pobre, eso lo pueden hacer los programas financieros, sino que hay que gestionar, asesorar y proponer las medidas adecuadas.

Todavía hay un 25% de comunidades sin administrador. ¿Qué plantea para seducirlas?

–Ya se está haciendo. El problema no es sólo ese, sino que pueden estar incumpliendo la normativa por desconocimiento. La gente no sabe que hay una serie de obligaciones que tienen que cumplir las comunidades, que son como pequeñas empresas con declaraciones fiscales anuales, y no hacerlo tiene sanciones. En temas de seguridad y catástrofes, el mayor cambio en la conciencia ciudadana vino tras el terremoto de Lorca. Cosas como el arreglo del portal tienen que cumplir unas normas contra seísmos e incendios para evitar el riesgo de que al caerse se obstaculice la evacuación. La función del administrador es más importante de lo que la sociedad conoce, y por eso tenemos que dignificar la profesión.

 

Fotos

Vídeos