Urbanismo prevé más medios para evitar que caduquen expedientes de infracción

Al margen de las acusaciones vertidas por una exjefa de la Gerencia Municipal de Urbanismo respecto a la gestión de los expedientes de infracción durante los últimos años, rebatidas por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la segunda sesión de la comisión de investigación abierta a nivel municipal para abordar este asunto sirvió para volver a dejar de manifiesto la escasez de medios de la que dispone el Ayuntamiento para abordar el millar de denuncias que le llegan cada año sobre actuaciones urbanísticas presuntamente fuera de la legalidad. Las dos comparecientes, la anterior responsable del servicio jurídico de Disciplina Urbanística, Esther Sedano, y la actual jefa del departamento de Licencias y Protección Urbanística, Leonor Muñoz, coincidieron en referirse a que la falta de medios técnicos y humanos limita considerablemente la resolución de los expedientes de infracción urbanística, que requieren de múltiples trámites al canalizarse por dos vías: una para restablecer la legalidad y otra para sancionar la infracción.

Un informe de la propia Gerencia señala que, entre 2009 y 2016, de los 9.394 expedientes de infracción abiertos en ese periodo, un total de 810, lo que supone un 8%, caducaron por no haberse completado su tramitación en los plazos que marca la ley. La normativa urbanística contempla actualmente un plazo de seis años –hasta 2012 era de cuatro años– para completar el proceso de restablecimiento de la legalidad. Ese plazo se cuenta desde la fecha de finalización de las obras ilegales hasta la fecha en la que se notifica al interesado la resolución en la que se culmina el procedimiento. Una vez que caducan, estos expedientes ya no se pueden volver a abrir salvo que se trate de infracciones en edificios o suelos protegidos y zonas verdes. Por su parte, los procedimientos sancionadores prescriben a los cuatro años, en los casos de infracciones graves y muy graves, y al año en el caso de las leves.

Para evitar que esta cifra aumente, el equipo de gobierno municipal contempla dotar de más medios al departamento de la Gerencia de Urbanismo que se encarga de estos expedientes. Según fuentes consultadas por este periódico, se han previsto mejoras en los sistemas informáticos, revisiones de los procedimientos establecidos –un plan de inspección prioriza ya la tramitación de las denuncias en base a un sistema de puntos–, emplear la notificación electrónica e intentar de dotar de más personal al servicio, que actualmente solo cuenta con tres inspectores para comprobar las infracciones, además del personal administrativo. Su responsable directa, Leonor Muñoz, apuntó en su comparecencia que una de sus prioridades es que los expedientes no caduquen por la ausencia de trámites.

Por otro lado, desde el equipo de gobierno, reiteraron ayer que una sentencia del TSJA, a raíz de una demanda presentada por Esther Sedano contra su destitución, respalda la labor del equipo directivo de la Gerencia, encabezado por el concejal de Ordenación delTerritorio,Francisco Pomares, frente a las acusaciones deSedano sobre que los expedientes de infracción se dejaban morir de forma intencionada. El alto tribunal andaluz remarca en un fallo del año pasado que «las pruebas practicadas vinieron a destruir el panorama» expuesto por esta exjefa de Urbanismo en su denuncia sobre la «paralización de cientos de resoluciones que no han sido firmadas... con los efectos de caducidad de las actuaciones (...), bloqueo de las resoluciones en el ejercicio de la potestad sancionadora y bloqueo en la recepción de documentos por la jefa del departamento».